Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional filial Argentina y Poder Ciudadano, entre otras, le reclamaron al Congreso de la Nación que proceda a la derogación del DNU que reforma la ley de Inteligencia, por considerar que “debilita los controles democráticos”. El documento rechaza, además, entre otras cuestiones, que los militares puedan realizar tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales.
En el documento conocido este lunes, las organizaciones advierten que “por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”.
Destacan, además, que esa situación “deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación”, lo que evidencia que se busca transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control.
En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”.
Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva”, al tiempo que subrayan que “la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”.
“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia”, sostienen, y agregan que esta “puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto” lo que llevará a que “nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”.
Otro punto rechazado por las organizaciones de derechos humanos es el que establece “que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos”.
En esa dirección, advierten que “el carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.
En otro tramo del documento rechazaron que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales, al señala que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”
Agregan que el “decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” -sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría- y les quita el control civil”, lo que consideraron como “un retroceso histórico peligroso”.
El documento, lleva también las firmas de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros.
Vale recordar que el pasado 31 de diciembre, el Gobierno de Milei dictó el DNU 941-2025, que introduce profundos cambios a la ley de inteligencia al establecer que toda la actividad será “secreta”, permite la aprehensión de personas y otorga un amplio poder a la SIDE, y tiene hasta el jueves próximo para poder enviar esa norma al Congreso.
Bae Negocios