El fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, explicó los alcances de la sentencia de la Cámara de Apelaciones Multifueros, que revocó el amparo presentado por la Fundación Valdocco y confirmó la legalidad de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación del Chaco.
El fiscal de Estado de la provincia del Chaco, Roberto Alejandro Herlein, se refirió en diálogo con CIUDAD TV a la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones Multifueros, que revocó el fallo de primera instancia que había ordenado al Estado provincial garantizar el funcionamiento de la Fundación Valdocco y abonar los salarios del personal.
“Ayer, la Cámara Multifueros que estaba trabajando en feria dictó una sentencia donde revocó la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia que ordenaba al Estado provincial mantener el funcionamiento de la Fundación Valdocco y abonar los sueldos”, explicó Herlein.
En ese sentido, precisó que el fallo deja sin efecto la obligación del Estado. “La Cámara revocó esa sentencia, o sea que el Estado provincial no está obligado a garantizar el funcionamiento de la fundación, tampoco tiene que abonar sueldos”, afirmó, y destacó que “lo más importante de todo esto es que validó de cierta manera el accionar estatal que fue llevado adelante por la ministra de Educación como máxima autoridad de la cartera educativa”.
“Se validaron los actos administrativos que, en primer lugar, ordenaron la clausura del establecimiento y, en segundo lugar, el no pago de los salarios en virtud de distintas irregularidades que se constataron”, señaló.
Herlein subrayó que las medidas adoptadas por el Estado tuvieron como prioridad la protección de los menores. “El Estado dictó las medidas necesarias para, en primer lugar, resguardar a los niños y, en segundo lugar, también mantenerlos escolarizados, que es importante, no solamente la protección, sino que continúen su formación”, indicó.
Respecto del aspecto económico, el fiscal de Estado remarcó que la sentencia es clara. “En primera instancia, lo importante es que ahora no tiene que seguir pagando nada, porque se determinó que eran ilegítimos esos pagos que se pretendían realizar”, afirmó.
Asimismo, explicó que antes de adoptar las medidas cuestionadas, el Estado intimó a la fundación a regularizar su situación. “Previo a la clausura y a suspender los pagos, el Estado intimó en reiteradas oportunidades a la fundación a que regularice su situación, porque cualquier entidad educativa debe cumplir requisitos formales, legales y administrativos para poder funcionar”, sostuvo. Según indicó, “esa situación estaba de manera irregular, la provincia intimaba la regularización y eso no se concretó, lo que derivó en esto”.
Herlein también confirmó que existe una denuncia penal vinculada al caso. “Aquí hay una denuncia penal que presentó la ministra y veremos cómo evoluciona esta cuestión”, señaló.
En cuanto a los pasos judiciales que restan, aclaró que la fundación aún cuenta con una instancia más. “Los representantes de la fundación tienen una instancia más de apelación, que sería el Superior Tribunal de Justicia”, explicó.
Por último, recordó que, tras el fallo de primera instancia, el Estado se encontraba en proceso de cumplimiento. “Estábamos intimados al cumplimiento, pero en plazo todavía. El Estado estaba llevando adelante los procedimientos administrativos, que son complejos, para culminar en el pago”, detalló. Sin embargo, concluyó que “la sentencia del día de ayer deja trunca toda esa cuestión, porque el Estado no debe abonar nada ni debe garantizar el funcionamiento”.