El gobernador Juan Pablo Valdés aclaró que la cifra no incluye 2025 – lo cual podría disparar aún más el total – y pidió recomponer los giros para el IPS. Este reclamo se suma a una pulseada federal: Chubut irá a la Corte por $51.000 millones y otras provincias ya firmaron acuerdos parciales.
En pleno debate por el ajuste del gasto nacional y con el Presupuesto 2026 bajo la lupa de los gobernadores, Corrientes reactivó un reclamo que combina federalismo fiscal, previsión social y caja cotidiana: la Nación adeuda, según la estimación del gobernador Juan Pablo Valdés, $142.000 millones vinculados a la obligatoriedad nacional de cubrir el déficit del Instituto de Previsión Social (IPS).
El mandatario remarcó que el cálculo no incluye lo correspondiente a 2025 y planteó la urgencia de reencauzar el financiamiento del sistema previsional provincial. En Corrientes, el IPS financia jubilaciones y pensiones de la administración pública provincial y regímenes locales.
El Gobierno provincial sostiene que el faltante presiona sobre equilibrio fiscal y restringe capacidad de inversión. El déficit se cubre con aporte del Tesoro provincial.
Además, es un caso que ya hace dos años aproximadamente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no tuvo tratamiento ni definición aún. La demanda se activó por orden del entonces gobernador Gustavo Valdés.
El planteo correntino no es un caso aislado. Forma parte de una disputa de alcance nacional con trece jurisdicciones que en los 90 conservaron sus cajas jubilatorias en el ámbito provincial y que, tras el cambio de administración, directamente dejaron de recibir transferencias de la Anses.
El corte de giros – sumado a fondos presupuestarios considerados insuficientes – empujó el problema a un escenario previsible: se acumula el “stock” de deuda mientras las provincias cubren con recursos propios el rojo previsional o ensayan ajustes internos para sostener el pago de haberes.
El IPS, eje de reclamo
Valdés ubicó el corazón del conflicto en el desfasaje del IPS y anticipó una negociación que será técnica y política a la vez. “Gran parte del déficit proviene del IPS, entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese déficit, que va a demandar muchas reuniones con Nación”, anticipó.
El objetivo inmediato, en su lectura, es recomponer el flujo de fondos para garantizar el pago de haberes provinciales; luego, discutir el monto acumulado que la Provincia contabiliza en $142.000 millones.
En este sentido, el gobernador buscó separar el reclamo del debate macroeconómico nacional. Acompañó la idea de orden fiscal, pero rechazó que el equilibrio se traduzca en un traslado de costos a los distritos. “Entendemos lo del equilibrio fiscal, entendemos lo del déficit cero y todas las banderas nacionales, pero nosotros queremos lo nuestro”, afirmó.
Ese “lo nuestro” sustentan también el planteo correntino: si la Nación dejó de enviar lo que corresponde por ley y acuerdos, el faltante termina impactando sobre la caja provincial y, en última instancia, sobre la previsibilidad del sistema jubilatorio local.
En la misma línea, Valdés sostuvo que recibió una señal de apertura por parte del Gobierno nacional. Según afirmó, desde la Casa Rosada le dieron “la palabra de que vamos a arrancar esa transición para volver a garantizar los flujos de caja de nuestros jubilados provinciales”. La referencia a una “transición” sugiere un esquema gradual -pagos a cuenta, cuotas o convenios parciales- que ya se aplicó en otros distritos tras reclamos judiciales o instancias de conciliación.
Por ley
El régimen de compensación existe porque esas cajas – que pagan jubilaciones de empleados públicos provinciales – se financian principalmente con aportes y contribuciones locales, pero esa recaudación suele ser insuficiente frente al gasto previsional. Para evitar que la decisión histórica de no transferir la caja a la Anses implique un castigo financiero, la Nación debe cubrir una porción del déficit mensual: un monto equivalente a lo que debería destinar si esos beneficiarios estuvieran dentro del sistema nacional.
En los hechos, el compromiso se instrumentó a través de partidas presupuestarias y acuerdos Nación-provincias que fijaron criterios de cálculo.
En 2023, además, una ley estableció que esos recursos debían actualizarse siguiendo la movilidad jubilatoria, con el objetivo de sostener el valor real de los envíos en un contexto inflacionario. Pero en 2024, por un DNU, los giros se interrumpieron. Desde entonces, la discusión dejó de ser solo de fórmula: pasó a ser, ante todo, de flujo. Y con cada mes sin transferencias, el stock de deuda crece y se traslada a los presupuestos provinciales.
Diario Época