El presidente de FECHACO, Alfredo González, analizó en CIUDAD TV la reciente ley de Inocencia Fiscal. Valoró los cambios en el régimen penal tributario y la posibilidad de regularizar situaciones de pymes, pero alertó sobre el fuerte aumento de multas, la presión impositiva, la caída del consumo interno y los puntos conflictivos de la reforma laboral para las pequeñas y medianas empresas.
El presidente de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), Alfredo González, se refirió a la ley de Inocencia Fiscal, recientemente aprobada por el Congreso, y sostuvo que se trata de una medida largamente reclamada por el sector productivo, aunque advirtió que su impacto será limitado si no se acompaña con políticas de estímulo al consumo interno.
González explicó que uno de los puntos centrales de la norma es la modificación de la base del delito fiscal. “La base del delito fiscal estaba en 1 millón y medio y, con lo difícil que es pagar impuestos en Argentina, muchas empresas chicas principalmente tenían alguna dificultad y estaban al borde de algún tipo judicial”, señaló. En ese sentido, indicó que desde CAME venían planteando la necesidad de un cambio de este tipo y remarcó que “sabíamos que solamente de esta forma lo podían llevar adelante, tenía que salir por el Congreso”.
Desde la mirada del sector productivo, afirmó que la ley es bien recibida en términos generales. “Creo que la gran mayoría lo vemos con buenos ojos del lado del sector productivo”, sostuvo, aunque aclaró que existen aspectos técnicos que aún están siendo analizados por los equipos de las entidades empresarias.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación, según indicó, es el incremento de las multas aplicadas por el fisco, ya que el incremento es del 100.000%. Sobre este aspecto, explicó que “es un tema específico que lo estamos viendo con el equipo técnico, porque el tema de las multas es bastante engorroso de entender”, pero remarcó que “lo que se logra entender es que es una suba muy importante y eso daña muchísimo, aún más en una situación como esta de contracción de ventas, a las empresas pyme”.
En relación con la financiación impositiva, González planteó diferencias entre grandes empresas y pymes. “Siempre desde el ARCA o del gobierno nos dicen: ‘Tenemos que dejar de ser el banco más barato de la Argentina’, y nosotros siempre explicamos que usábamos esa financiación es para seguir rodando”, afirmó. Y agregó: “Es totalmente distinto una base tributaria de una gran empresa que sí lo puede hacer de usar como un banco con una tasa mucho más económica, a lo que puede llegar a ser una pequeña y mediana empresa, que habla de pagar en dos o tres cuotas algún impuesto, como el IVA, con una financiación corta”.
Sobre el objetivo oficial de incentivar el uso de dólares fuera del sistema financiero, González lo vinculó al contexto macroeconómico. “Uno se trata de proteger en esta Argentina que venimos hace muchísimos años con una macroeconomía inestable que pega directo a la microeconomía. La única forma de protección que tenemos es el billete dólar”, expresó. Desde ese lugar, consideró que el Gobierno “busca que las pymes o los ciudadanos que tienen algún tipo de ahorro en esa moneda puedan ponerlo en juego y hacerlo circular dentro del ámbito financiero del país”.
No obstante, advirtió que la ley por sí sola no resolverá los problemas del sector. “Todo esto funciona si se vuelve a traccionar el consumo interno. De lo contrario, podemos tener el mejor crédito o el mejor RIGI, pero si no se activa el consumo interno y seguimos compitiendo con una mochila pesada en lo impositivo frente a colegas de otros países, es muy difícil”, afirmó.
En esa línea, reclamó una política clara de estímulo al mercado interno. “Está bien, es parte del camino que se debe hacer, pero le estamos pidiendo al gobierno nacional una política para fomentar el consumo interno y cuidarlo”, sostuvo, y advirtió: “En algún momento se van a terminar los consumidores. No es infinito, es finito”.
También se refirió a la situación del empleo y los salarios. “Si nuestros trabajadores no pueden o no podemos mantenerlos porque el consumo es exclusivamente de plataformas o del exterior, en algún lugar salen los sueldos, y si no hay de dónde salir, va a ser muy difícil”, alertó.
Por otro lado, González se refirió a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Señaló que “algunos puntos sí sirven, otros no”, y remarcó que hay aspectos que “llevan a posibles conflictos, principalmente para las pequeñas y medianas empresas”. En particular, cuestionó la intención de regionalizar las paritarias. “Es muy difícil que lo puedan llevar adelante las pymes si no hay un eje conductor, y eso termina destruyendo el convenio colectivo de trabajo, que es lo que le salva a las pequeñas y medianas empresas”, explicó.
“La lapicera con la que se escribieron las líneas finas no tiene participación de las pequeñas y medianas empresas. Por eso somos críticos en algunos puntos fundamentales”, afirmó, y recordó que desde CAME expusieron en el Senado alternativas técnicas para evitar conflictos.
Finalmente, González remarcó que el problema central no es el salario sino la carga impositiva. “Por ley y por la Constitución nacional corresponde que le paguemos el mismo sueldo a nuestros empleados que en otras provincias. Lo que no podemos pagar es la misma cantidad de impuestos”, señaló. Y concluyó: “El sueldo no es una carga. Lo que no podemos pagar igual es la carga impositiva que implica tener un trabajador en blanco”.