Al cierre del segundo año del Gobierno de Milei, los hogares ajustan en lo esencial (salud, servicios, alimentos) para sostener la subsistencia diaria, mientras los ingresos siguen perdiendo poder adquisitivo. Los verdaderos datos detrás del discurso oficial.
Las fiestas de fin de año llegan, otra vez, con la mesa más chica. El tercer diciembre bajo el gobierno de Javier Milei encuentra a las familias argentinas haciendo malabares para cubrir lo básico, en un contexto de consumo en retroceso, ingresos deteriorados y deudas en alza. Lejos de una reconfiguración voluntaria de hábitos, el ajuste empujó a millones de hogares a recortar gastos esenciales para poder llegar a fin de mes.
El argumento oficial de que “está cambiando la forma de consumir” contrasta con una realidad marcada por privaciones estructurales. Detrás de ese eufemismo se esconde un proceso mucho más áspero: hogares que recortan alimentos, postergan consultas médicas, acumulan deudas y resignan cualquier posibilidad de ahorro. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) apenas uno de cada diez hogares logró guardar algo de dinero este año, mientras que una proporción significativa de la población (42%) considera que su situación económica es peor que la de sus padres.
El ajuste llegó a las Fiestas
En un país donde más de la mitad de la población no llega a cubrir una canasta básica, este cierre de año está atravesado por el empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares argentinos. La situación económica no es nueva y da cuenta del deterioro sostenido de las condiciones de vida para la mayoría de las familias tras dos años de gestión de La Libertad Avanza (LLA).
Así lo grafican diferentes datos que ponen sobre la mesa el recorte en gastos esenciales como en cuidados de salud básicos, imposibilidad de acceder a la Seguridad Social, la cada vez más lejana posibilidad de ahorro y de planificación de futuro.
En detalle, un punto clave tiene que ver con que, hasta aquellos hogares que tienen más ingresos, no logran necesariamente mejorar su capacidad de consumo ni reducir su tensión financiera. De hecho, “alrededor de un tercio de la población permanece en pobreza o estrés económico crónico, lo que evidencia un problema estructural concentrado en el 25–50% inferior de la estructura social”, señaló un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA).
Los niveles actuales de inseguridad alimentaria se mantienen muy elevados en términos históricos. “Tras niveles relativamente estables entre 2010 y 2017, tanto la inseguridad severa como la moderada se incrementan con fuerza desde 2018, alcanzando picos históricos en 2024 que afectó al 24,3% de los hogares. Si bien en 2025 se observa una tendencia descendente, siguen siendo muy superiores a los de comienzos del período, señalando un deterioro persistente”, agregó el último informe de coyuntura de la UCA.
El texto mencionó que el nivel socioeconómico constituye un factor central: “Los hogares de nivel muy bajo registran valores altos tanto en inseguridad alimentaria total (superiores al 50% en los picos) como en inseguridad alimentaria severa (superiores al 20% desde 2020). Los hogares de nivel medio alto, por otra parte, permanecen por debajo del 2% en inseguridad total y del 1% en la severa”. Un punto no menor tiene que ver con la situación de los estratos medio bajo y bajo que evidenciaron aumentos importantes, especialmente desde 2018.
En este panorama, el consumo masivo registró en noviembre pasado su primera caída interanual en nueve meses, debido sobre todo al desplome en las ventas de los supermercados. De esa manera, la comercialización en supermercados, almacenes, farmacias y kioscos, disminuyó 0,1% frente a igual mes del año pasado, según la consultora especializada Scentia. A su vez, un relevamiento de Worldpanel by Numerator indicó que las familias redujeron tanto las visitas a los puntos de venta (-2,2%) como el volumen de sus compras (-2,1%). Asimismo, el porcentaje de compradores que declaró llegar ajustado a fin de mes ascendió a 43%.
Como contratara, creció el peso de los servicios en las economías domésticas. “El cambio en la estructura de precios relativos -particularmente tarifas y servicios-redefine la canasta efectiva de consumos no alimentarios. Por eso, aunque la inflación se modera, los hogares no necesariamente perciben una mejora equivalente en su capacidad adquisitiva”, aseguraron desde ODSA.
En esa línea, el peso de las tarifas de servicios en los gastos familiares se cuadruplicó en la gestión actual, a la vez que de cara al próximo año la Secretaría de Energía definirá nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para 2026, en un escenario donde la administración libertaria decidió profundizar el recorte de subsidios, aumentando el traslado del costo a los usuarios.
Un aspecto de relevancia tiene que ver con el acceso a recursos de salud, que da cuenta de la privación o no en bienes y servicios básicos asociados al cuidado de la salud. “Persisten barreras económicas para acceder a atención médica, odontológica y medicamentos, especialmente entre hogares de estratos bajo y muy bajo.
La situación se agrava en personas mayores, donde se observa una combinación de erosión de ingresos previsionales y creciente necesidad de cuidados”, alertó el informe de los investigadores Agustín Salvia, Solange Rodríguez Espínola, Juan Ignacio Bonfiglio, entre otros.
Pese a una mejora en 2025 que tiene que ver -sobre todo- con el bajo nivel de comparación de 2024 por la recesión de ese año, los problemas se agudizaron y las desigualdades estructurales persisten: los estratos socioeducativos más bajos siguen siendo los más afectados, pero también se observa un deterioro significativo en sectores medios.
Así las cosas, el estrés económico (percepción de los hogares sobre la insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas) actualmente afecta a alrededor del 47% de la población, por encima del piso histórico cercano al 35%. En síntesis, casi 1 de cada 2 personas vive en hogares con estrés económico.
A lo anterior hay que agregar otro factor preocupante para las economías domésticas vinculado al déficit de afiliación a la seguridad social -indicador directo de informalidad y exclusión del sistema contributivo- que permanece prácticamente inalterado en los sectores más vulnerables. “Esto confirma que la reciente reducción de la pobreza por ingresos no ha ido acompañada de una mejora en la integración laboral ni en la cobertura previsional. La informalidad estructural sigue siendo un núcleo duro que limita la estabilidad del bienestar y la capacidad de los hogares para acceder a protección frente a riesgos sociales y económicos,” consideraron los especialistas.
El panorama se completa si se tiene en cuenta la capacidad de ahorro de las familias argentinas, un indicador particularmente sensible de las condiciones económicas, ya que expresa no solo la posibilidad de cubrir los consumos habituales, sino también la de generar un margen de previsión frente a contingencias futuras. De acuerdo con el informe al que accedió este medio, la capacidad de ahorro se mantiene estructuralmente baja: entre 8% y 16% de la población declara poder ahorrar, con una tendencia descendente entre 2010 y 2025.
El Destape