Después de 27 años sin cambios, el Gobierno nacional actualizó los parámetros ambientales para líneas de transporte eléctrico de 132 kV, eliminando exigencias obsoletas y alineando la normativa con estándares internacionales.
Después de casi tres décadas sin cambios, el Gobierno nacional aprobó una actualización integral del marco ambiental aplicable a las líneas de transporte eléctrico de 132 kV, una normativa que venía generando restricciones técnicas, demoras y costos innecesarios en proyectos de infraestructura energética.
La medida moderniza parámetros que no se revisaban desde hace 27 años y los alinea con estándares internacionales vigentes, tomando como referencia a la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). La actualización se apoya en la mejor evidencia científica disponible sobre la exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB).
Según explicaron fuentes oficiales, el esquema anterior había quedado desfasado frente a la normativa global y, en muchos casos, sobrecumplía exigencias internacionales, lo que se traducía en condicionamientos excesivos para obras de transporte eléctrico. La nueva regulación ordena criterios, elimina requisitos sin sustento científico actualizado y establece reglas claras y operativas, sin resignar niveles de protección ambiental y sanitaria.
Según informó la Secretaría de Energía de la Nación, la revisión normativa fue el resultado de un proceso técnico y participativo, que involucró al Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Ambiente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y las principales cámaras del sector eléctrico.
Los organismos participantes coincidieron en la necesidad de contar con parámetros modernos, consistentes y homogéneos para todo el país, que permitan fortalecer la protección del ambiente y la salud, pero evitando interpretaciones discrecionales y sobrecostos que venían afectando la ejecución de obras estratégicas.
Desde el Gobierno remarcaron que la actualización no implica una reducción de los niveles de protección, sino que los refuerza a partir de metodologías de medición reconocidas internacionalmente y de un enfoque regulatorio basado en evidencia científica actualizada.
Impacto en proyectos nuevos y existentes
La resolución establece que las instalaciones ya existentes mantendrán su condición regulatoria actual, mientras que los nuevos parámetros serán de aplicación obligatoria para nuevos proyectos y ampliaciones de redes de transporte eléctrico. De esta manera, se garantiza una transición ordenada, sin afectar infraestructuras en operación y brindando previsibilidad a futuras inversiones.
Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar en la modernización del sector eléctrico, mejorar la calidad regulatoria y facilitar el desarrollo de obras clave para la expansión y confiabilidad del sistema, en un contexto de creciente demanda energética y necesidad de inversiones en redes.
La actualización normativa se inscribe en una estrategia más amplia orientada a hacer más eficiente el desarrollo de infraestructura eléctrica, reducir cuellos de botella regulatorios y alinear la política energética nacional con los estándares internacionales más exigentes, sin descuidar la protección ambiental y sanitaria.
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