Entre 2023 y 2025 el Estado nacional habría reducido (faltan dos semanas para terminar el ejercicio) su gasto en términos reales un 27%, lo que equivale a unos 50 billones de pesos constantes de noviembre de 2025 (equivalente a 38.000 millones de dólares a valores actuales).
El ajuste permitió una fuerte caída del gasto consolidado —que incluye Nación, provincias y municipios—, acercando el peso del gasto sobre el PBI a niveles de 2008. La motosierra se apoyó principalmente en la reducción de transferencias, subsidios, salarios públicos, jubilaciones, programas sociales e inversión estatal.
El recorte no solo se expresa en porcentajes del Producto Bruto Interno (PBI), sino en la reasignación concreta de recursos, en la retracción de funciones estatales y en la transferencia del costo del ajuste hacia sectores específicos de la sociedad y hacia los gobiernos subnacionales. Mientras se amplía el gasto en servicios de deuda. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en dos años el Estado nacional ejecutaría aproximadamente tres cuartas partes de lo que gastaba antes de la asunción de Milei.
En 2008, antes de la expansión del gasto que comenzó en 2009, el gasto público consolidado —Nación, provincias y municipios— se ubicaba en 30,5% del PBI. En 2023, Milei heredó un gasto consolidado de 37,9%. Tras el ajuste de 2024, ese nivel cayó a 31,6%, y las proyecciones para 2025 lo sitúan en 31,4%. Aun después de un recorte de esta escala, el gasto agregado no logra regresar al nivel previo al cambio de régimen fiscal que se inició hace más de quince años, principalmente porque las provincias no llevaron a cabo un recorte tan salvaje como el que hizo Nación.
Las provincias intentan sobrevivir
La reducción del gasto consolidado en 2025 se explica casi exclusivamente por el ajuste del Estado nacional, que pasaría de representar el 15,3% del PBI en 2024 al 14,6%. En sentido inverso, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentarían su participación del 13,2% al 13,7%, mientras que los municipios pasarían del 3% al 3,1%. Este desplazamiento fue criticado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como una interrupción del sendero de ajuste, aunque los números muestran que la consolidación fiscal se sostuvo a partir del nivel nacional y no del conjunto del sector público.
El recorte recayó principalmente en partidas vinculadas con sectores de menos recursos, mientras se alivió –como se mantiene el proyecto de Presupuesto 2026–el alivio fiscal a grandes compañías. Las transferencias de capital a las provincias registran la mayor caída porcentual, con una reducción real del 93,8% entre 2023 y 2025. En términos prácticos, en 2025 ese gasto equivaldría apenas al 6% de lo ejecutado dos años antes.
Por su parte, la inversión real directa del Estado nacional sigue en magnitud de ajuste, con una contracción del 73,5%, lo que implica que la obra pública financiada por Nación se reduce a una cuarta parte de su nivel previo. Esta reducción conlleva que las decisiones de encarar y poder financiar obras de infraestructura se traslada directamente hacia las provincias y los municipios, que deben sostener infraestructura y servicios con menos recursos nacionales o, en su defecto, postergarlos.
Los programas sociales, que incluyen partidas como bonos a jubilados y pensionados, muestran una caída real del 52,3%, equivalente a 10,5 billones de pesos constantes. En dólares, la reducción alcanza los 7.800 millones. Los subsidios a la energía disminuyen un 59%, con un recorte de 8,8 billones de pesos, mientras que los subsidios al transporte caen un 32,8%.
El gasto salarial del Estado nacional registra una reducción real del 25,8%, lo que implica una merma de 6,3 billones de pesos. El ajuste se explica tanto por la reducción de la planta de personal como por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos. La contracción del empleo estatal y el deterioro de los ingresos impactan sobre la capacidad operativa del Estado y sobre el consumo de los hogares que dependen de esos salarios.
Las transferencias corrientes a las provincias también sufren un recorte significativo: 60,8% real interanual, equivalente a más de 4 billones de pesos. En paralelo, las transferencias a universidades nacionales caen un 33,2%. Estas decisiones reconfiguran la relación fiscal entre Nación y provincias y reabren tensiones sobre la financiación de sistemas educativos, científicos y sanitarios que dependen en gran medida de fondos nacionales.
La única partida que cierra con un aumento real es la Asignación Universal para Protección Social, con un incremento del 70,3%, equivalente a 2,7 billones de pesos y 1.900 millones de dólares. Esta partida le permitió al Gobierno contener parte del descontento de los sectores de menores ingresos. De todo modos, pese a la mejora en términos de partida de AUH, se llevó a cabo una reducción de otras transferencias sociales y la eliminación o licuación de políticas complementarias.
El objetivo declarado por el Gobierno es llevar el gasto público al 25% del Producto, un nivel que solo se observa en la serie histórica en momentos de crisis profunda o de salida de una recesión severa. Incluso, este porcentaje se busca en un contexto de caída de la recaudación producto del modelo recesivo que aplica La Libertad Avanza, lo que hace disminuir el consumo y la actividad.
“La trayectoria actual muestra que, incluso con un ajuste concentrado en el Estado nacional y con una reducción significativa de funciones y transferencias, ese objetivo aún no se alcanza”, desliza el informe de IARAF. El impacto de esta transferencia de recursos es menos inversión, menos transferencias a provincias, menos gasto salarial y social, y un Estado nacional que achica su presencia directa mientras traslada responsabilidades a otros niveles de gobierno y al sector privado.
Los que siempre la ven venir
Para el Ejercicio Fiscal 2026, el presupuesto destinado a la finalidad de Deuda Pública fue fijado en 14,1 billones de pesos, que corresponden principalmente al pago de intereses y comisiones, los cuales muestran un incremento proyectado del 20,6% en comparación con el ejercicio anterior. Este aumento se explica fundamentalmente por el peso de los intereses de la deuda contraída en moneda extranjera.
Para afrontar estos compromisos, el Gobierno prevé el uso de crédito interno por 7,6 billones de pesos y crédito externo por 3,2 billones, además de desembolsos de organismos internacionales como el FMI, el BID y el Banco Mundial. De esta manera, el Presupuesto garantiza que el excedente generado por el superávit primario se destine prioritariamente a asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros con los acreedores.
Por su parte, el proyecto de reforma laboral (cuya discusión fue pausada hasta febrero) propone una baja en el impuesto a las Ganancias para un grupo selecto de empresas, lo que podría generar un fuerte impacto en la recaudación y en la distribución de recursos hacia las provincias. De acuerdo con un estudio realizado por el economista y diputado Guillermo Michel, las 144 empresas más grandes del país, que facturan por encima de los 15.000 millones de pesos, dejarán de pagar unos 1,75 billones de pesos en impuestos.
El proyecto modifica el régimen de tributación de las sociedades más grandes del país, especialmente aquellas cuyo volumen de ganancias supera los 100 millones de pesos anuales. Según la normativa vigente, estas empresas pagan el impuesto a las ganancias en tres tramos. En el primer tramo, hasta los 100 millones de pesos, las empresas abonan el 25% de sus ganancias. En el segundo tramo, que va de los 100 millones a los 1.000 millones de pesos, el impuesto sube al 30%, y en el tercero, para las empresas que superan los 1.000 millones de pesos de ganancias, la tasa alcanza el 35%.
El artículo 191 de la reforma establece una reducción de las tasas en los tramos más altos: el 30 por ciento se baja al 27 por ciento, y el 35 por ciento se reduce al 31,5 por ciento. Esta modificación tiene un costo fiscal que se estima en unos 3,1 billones de pesos (0,3 puntos del Producto Bruto Interno, PBI). Sin embargo, lo que llama la atención es que el beneficio de esta baja de impuestos se concentrará de manera significativa en un número reducido de empresas.
Las provincias, nuevamente, serán afectadas directamente por esta baja en la recaudación, dado que dependen de la coparticipación federal para financiar sus presupuestos. El sistema de coparticipación federal establece que una parte de los impuestos recaudados por la Nación se distribuyan entre las provincias, según un porcentaje acordado.
El Destape