La Cámara alta debate este viernes en comisión el Presupuesto 2026. El oficialismo adelantó que busca cambios luego de que Diputados rechazara la derogación del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. El objetivo es ajustar números y sostener el déficit cero.
La Cámara de Senadores tiene un viernes cargado de discusión parlamentaria con el inicio del tratamiento en comisión del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario. La agenda comienza temprano ya que el debate tributario arrancó pasadas las 9 y luego fue el turno del proyecto de gastos y recursos para el próximo año.
El foco político esta puesto en el Presupuesto. El oficialismo llega a la Cámara alta con la decisión tomada de introducir cambios al texto aprobado en general por la Cámara de Diputados, luego de que ese cuerpo rechazara la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario, dos puntos centrales del capítulo 11 que terminó siendo volteado en la votación en particular.
Desde el Gobierno de Javier Milei confirmaron que la estrategia será insistir con modificaciones para reordenar las cuentas. El ministro del Interior, Diego Santilli, lo dijo sin rodeos ante la prensa acreditada en la Casa Rosada. “Nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, sostuvo el funcionario.
En la misma línea, Santilli explicó que el oficialismo apunta a rearmar parte de lo que quedó afuera del texto final. “Hay algunos temas que nos faltaron, que están en el capítulo 11, que los vamos a trabajar en el Senado a ver si podemos reestructurar y trabajar en conjunto”, señaló, al tiempo que expresó su confianza en “hacer un trabajo para mejorar la muy buena media sanción” obtenida en Diputados.
Puertas adentro del Poder Ejecutivo, la lectura es más cruda. Fuentes oficiales ya habían anticipado la intención de enviar cambios a la Cámara alta para asegurar el equilibrio fiscal del Presupuesto. Tal como quedó redactada la ley, en la Casa Rosada consideran que no es viable cumplir con la meta de déficit cero en 2026, motivo por el cual el Senado aparece como la última instancia para corregir el rumbo antes de evaluar un eventual veto.
El rechazo en Diputados a la derogación de las normas de discapacidad y universidades fue un golpe político para el oficialismo. Se trató de la tercera derrota consecutiva en ambos temas, luego de la sanción original de las leyes, el veto presidencial y la posterior insistencia opositora para restituir su vigencia. En ese contexto, el capítulo 11 se convirtió en el principal punto de conflicto del debate presupuestario.
Ese tramo del proyecto incluía además la restricción del régimen de zona fría para usuarios de gas y la eliminación de la automaticidad en la actualización de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares, cambios que el Gobierno no logró sostener en la votación en particular.
También se habían incorporado allí disposiciones vinculadas al cumplimiento de actos procesales ordenados por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Según fuentes del oficialismo, estas cláusulas funcionaron como un anzuelo para sumar apoyos a un paquete que incluía medidas de alto costo político.
La discusión formal en el Senado comienza este viernes y el objetivo del bloque de La Libertad Avanza es lograr dictamen de comisión para dejar el texto listo y llevarlo al recinto la próxima semana. En caso de introducirse cambios, el proyecto deberá volver a Diputados para su aceptación o para que ese cuerpo insista con la redacción original, en un escenario donde aún no están garantizados los avales necesarios para avanzar con las modificaciones.
Data Clave