Incluía la derogación del actual régimen de subsidios a las zonas frías y la actualización automática de las asignaciones familiares; seguirán vigentes las leyes de financiamiento a universidades y de emergencia en discapacidad
Como se dice en la jerga futbolística, el Gobierno hizo una jugada de más y le salió caro. Al incluir de buenas a primeras la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad en el dictamen del presupuesto 2026 – una obsesión del presidente Javier Milei –, provocó que la Cámara de Diputados rechace un capítulo clave del texto y que ahora vea peligrar el equilibrio fiscal.
En definitiva, por eludir la votación de un solo artículo sacrificó todo un capítulo: un daño autoinfligido por el propio oficialismo, que sobreestimó su fuerza como primera minoría – después de todo, su bloque no llega a los 100 legisladores – y no calibró que los (supuestos) gobernadores aliados iban a cotizarle demasiado alto sus votos para derogar ambas normas. Al final le terminaron por clavar un puñal por la espalda, tal vez porque no cobraron todo lo que pretendían.
Sin el capítulo XI del proyecto el presupuesto ya no tiene razón de ser, dramatizan en el oficialismo. Los más enojados amenazan con un veto presidencial si el Senado lo sanciona tal como lo aprobó la Cámara de Diputados. Suena exagerada la advertencia, aunque en efecto se trata de un capítulo clave sin el cual el equilibrio fiscal se vería en riesgo.
El detalle
Este capítulo contenía 12 artículos. El más irritante era el 75, el cual establecía la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades y de emergencia en los servicios de discapacidad, dos normas que fueron vetadas por el Poder Ejecutivo pero luego insistidas por ambas cámaras del Congreso. El Gobierno suspendió su vigencia y, no conforme con eso, propuso su derogación al presentar el dictamen que sería llevado al recinto. Se envalentonó tras alcanzar la primera minoría del cuerpo y supuso que los aliados le irían al pie.
No sucedió: los diputados que responden a Raúl Jalil (Catamarca) votaron en contra, al igual que dos de los tres que pertenecen al bloque Independencia, del tucumano Osvaldo Jaldo. El salteño Bernardo Biella también se desmarcó, al igual que los radicales Karina Banfi (Buenos Aires) y Diógenes González (Corrientes). Pero el oficialismo no esperó que radicales aliados como Gerardo Cipolini (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos) le soltaran la mano.
El costo fiscal de la ley de emergencia en discapacidad se estima entre 0,25% y 0,48% del PBI según diferentes proyecciones, impactando principalmente por la incorporación de nuevos beneficiarios a pensiones y la compensación a prestadores. En tanto, la ley de financiamiento de las universidades tiene un impacto fiscal de 0,23% del PBI (2 billones de pesos este año), según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Además de este artículo, el capítulo XI incluye los siguientes:
- Régimen de zonas frías: dispone subsidios en las tarifas de gas en las localidades de menores temperaturas del país. El Gobierno pretendía acotar el beneficio a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe (Mendoza), y dejar sin efecto la ampliación del régimen que se había aprobado en 2021, que había añadido a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora esto quedó trunco.
- Asignaciones familiares: el Gobierno buscaba derogar la movilidad de las asignaciones familiares. Se trata de las asignaciones que otorga la Anses por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar anual, por nacimiento, adopción, matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral que perciben trabajadores registrados y no registrados. Hoy, estos ingresos se actualizan de manera automática por inflación. El Gobierno pretendía instrumentar los eventuales aumentos de manera discrecional.
- Deudas con las distribuidoras eléctricas: el artículo 70 buscaba beneficiar con un esquema de compensación a las empresas distribuidoras del sector −entre ellas Edenor y Edesur, además de las provinciales y municipales− por los ingresos que no percibieron por los congelamientos tarifarios y las leyes de emergencia del kirchnerismo. Se trataría de una cifra millonaria −estimada en más de US$3000 millones− que las empresas podían utilizar para cancelar sus deudas con Cammesa.
- Discapacidad: el Gobierno pretendía compensar la derogación de la ley de emergencia con el compromiso de que los aranceles de las prestaciones sean acordados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Salud.
Además de estos artículos, el oficialismo incluyó de manera deliberada −y aviesa, a juicio del bloque de Pro− la concesión que le había prometido a la ciudad de Buenos Aires en lo referido a las transferencias del 1,55% de coparticipación por fuera del goteo automático. La jugada de los libertarios, al incorporarlo en este capítulo XI, fue asegurarse que el Pro y, sobre todo, la UCR (su socio de interbloque) no se lo rechacen.
La Nación