El proyecto incluye una reducción de las contribuciones a las obras sociales, del 6% al 5%, por parte de las patronales, mientras que el aporte de los trabajadores se mantiene en 3%. Implica una caída del 11% en los recursos que perciben los sistemas de salud sindicales.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei introduce cambios de fondo en la ley de Contrato de Trabajo, con la intención, afirman, de generar una “baja en el costo laboral”.
Más allá de la puesta en marcha de los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) – que prevén una transferencia millonaria de recursos del sistema previsional para cubrir futuras indemnizaciones de empleados despedidos sin causa -, el proyecto también contempla la baja de un punto porcentual en el aporte patronal a las obras sociales, que implicaría un recorte superior a los $100.000 millones por mes para el sector.
Según advierten especialistas, esta medida podría tener efectos negativos sobre el sistema de salud, que en la Argentina funciona bajo un esquema tripartito: el sector público, las obras sociales administradas por los sindicatos que cubren a los trabajadores en relación de dependencia y el sistema privado.
En concreto, la iniciativa parlamentaria incluye una reducción de las contribuciones patronales a las obras sociales del 6% al 5%, mientras que el aporte de los trabajadores se mantiene en 3%. Este recorte implicaría una fuerte caída en la recaudación y profundizaría la crisis financiera del sistema de salud sindical. “Se espera una caída del 11% en la recaudación de las obras sociales”, precisó Carlos Regazzoni, médico y exdirector ejecutivo del PAMI, en diálogo con Ámbito.
Según estimaciones realizadas por fuentes sindicales, la baja de un punto en la alícuota patronal significaría una pérdida mensual cercana a los $16.500 millones para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el mecanismo que compensa ingresos entre las distintas obras sociales. En tanto, el sector de las obras sociales podría perder hasta unos $90.000 millones mensuales debido a esta reforma. En total, el recorte alcanzaría los $106.000 millones.
“La intención del Gobierno es abaratar el costo laboral y que haya más empleo formal, lo que generaría a su vez mayor recaudación”, afirma Regazzoni. Sin embargo, advirtió que se trata de una equivocación “técnica”, ya que la recaudación per cápita de cada uno de los afiliados a las obras sociales será menor y eso genera una mayor crisis en el sistema. Si actualmente hay una determinada cantidad de casos -por ejemplo, infartos- con un mayor número de afiliados esos episodios también crecerán, pero no podrán afrontarse con un menor nivel de aportes.
Fondo solidario y prestaciones en jaque
Desde el sector de las obras sociales advierten que el recorte llega en un momento de extrema fragilidad financiera. No existen cifras oficiales actualizadas sobre el costo total del Programa Médico Obligatorio (PMO), aunque estimaciones privadas lo ubican en el rango de $65.000 a $70.000 mensuales, un nivel difícil de sostener con trabajadores de bajos ingresos y una base de aportes reducida. Vale destacar que los trabajadores de mayores ingresos suelen derivar sus aportes a las prepagas, mientras que las obras sociales concentran mayoritariamente a afiliados de menores ingresos.
Regazzoni también se refirió al PMO y destacó que la cobertura es como la de países del primer mundo, pero que los aportes no dan abasto para ello.
José Luis Lingieri, titular de acción social de la Central General del Trabajo (CGT), resaltó en diálogo con Ámbito que uno de los principales factores de presión en el sistema solidario es el financiamiento de la discapacidad. Según datos del sector, cerca del 90% del FSR se destina hoy a prestaciones vinculadas a la discapacidad, como el transporte escolar, lo que limita la capacidad del sistema para cubrir al resto de los afiliados.
“Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado. Esta reforma está orientada a quebrar a los sindicatos”, apuntó el dirigente, al mismo tiempo que señaló que ante la insuficiencia de recursos, muchos gremios ya están aportando fondos propios para sostener sus obras sociales, una dinámica que, según advierten, no es sostenible en el tiempo.
“El costo laboral es impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque. Eso no lo tocan. Esta reforma la armaron los grandes estudios de empresarios y poder político”, criticó el sindicalista.
Ámbito