Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS Capital, el CELS y Memoria Abierta presentaron un informe en el que advierten sobre el deterioro durante el gobierno de Milei.
El Gobierno de Javier Milei está librando una batalla para desmontar el consenso que se construyó desde finales de 1983 para asegurar el Nunca Más de los crímenes de la última dictadura. El ataque sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es, por primera vez, masivo y constante, y lo que se encuentra bajo asedio es el legado construido en estos más de 40 años. Esto es lo que denunciaron en un informe que presentaron Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, a pocos días de que se cumplieran dos años de administración de La Libertad Avanza (LLA).
Semanas atrás, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se presentó ante un comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para decir que la administración libertaria postulaba una “memoria completa”, un concepto que salió de los cuarteles para contestar al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia que hacían los organismos de derechos humanos.
No se trata únicamente de una disputa por los conceptos. Es, al decir del informe, una ofensiva revisionista. “No es menos grave que el negacionismo”, alerta Marcela Perelman, directora de investigación del CELS. La ofensiva revisionista tiene dos dimensiones: una batalla cultural y un embate destructivo.
“El programa político que subyace no apunta a ‘completar’ la memoria existente sino a cancelarla para imponer una memoria antagónica”, advierten en el texto presentado este martes en Casa por la Identidad con el apoyo de las fundaciones Friedrich Ebert Stiftung, Heinrich Böll Stiftung y Rosa Luxemburgo. “A 50 años del golpe de Estado de 1976, la memoria antidictatorial, en su carácter resistente y crítico del pasado autoritario, se revela como molesta. Y las políticas que son parte de su legado están bajo asedio”, añaden.
Lo construido en democracia, que implicó que los militares volvieran a las barrancas, nunca se había puesto tan en crisis como con la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa. “La decisión evidencia una pulsión por la repolitización de las Fuerzas Armadas y por la militarización de la vida política”, señalan.
El retroceso se da en todos los ámbitos. Quizá el ejemplo más elocuente de cuál sería la impronta estatal puede verse en la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) a subsecretaría. Se redujo la planta de trabajadores en un 40 por ciento y se recortó el presupuesto.
Las afectaciones se ven en distintas dimensiones. Por ejemplo, se produjo un retiro de capacidades estatales en el impulso de los juicios de lesa humanidad —que ya tienen 1202 condenados, según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), como recordó Carlos “Charly” Pisoni, referente de H.I.J.O.S Capital.
En la SDH se despidió a los abogados que intervenían como querellantes, lo que dejó a las víctimas prácticamente sin representación en todas las provincias. Baños invocó el desmantelamiento que él mismo había llevado a cabo para intentar demorar causas que estaban en trámite.
En paralelo, se redujo el personal del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Doctor Fernando Ulloa” y se eliminó de sus funciones el acompañamiento de los testigos en los juicios. Se desmanteló el Programa Verdad y Justicia. Esto implica que desde la SDH ya no se asiste al Poder Judicial ni al Ministerio Público Fiscal (MPF), no se realizan investigaciones ni se notifican actos procesales. A esto se le debe sumar que el Poder Ejecutivo no envió pliegos al Senado de candidatos a jueces, juezas o fiscales, lo que redunda en la demora de los juicios.
Por otro lado, se percibe una desarticulación de la capacidad de investigación estatal. El hecho fundante fue la decisión de Luis Petri de eliminar los equipos de relevamiento y análisis (ERyA), que funcionaban en Defensa desde 2010 para aportar documentación a las causas. Petri justificó este desmantelamiento acusando a los expertos de hacer “macartismo” contra las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hubo movimientos semejantes en otras dependencias estatales que pasaron bajo el radar. Se desarmó la mesa que se había creado para analizar qué hacer con los archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y se dejó de convocar a la mesa de archivos de memoria que funcionaba en la Cancillería.
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) fue degradado y perdió a 44 de sus trabajadores. Se derogó, además, la atribución que le confería acceso a los archivos en poder de los militares. “Ya no existe ninguna oficina de la administración pública nacional con facultades legales para acceder a la documentación de las Fuerzas Armadas”, denuncian en el reporte.
Los sitios de memoria han estado bajo una política de ahogo presupuestario y despido de trabajadores. “Argentina fue vanguardia en la región en esta temática y hoy nos enfrentamos a una situación de vaciamiento muy fuerte”, resalta Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta.
Las partidas presupuestarias de 2024 no se ejecutaron. Los presupuestos previstos para este año bajaron entre un 50 y un 100 por ciento con respecto al año anterior. El espacio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino Virrey Cevallos quedó con su dotación de personal reducida a la mitad. Los proyectos de creación de espacios de memoria en lo que fue Vesubio y en la guarnición de Campo de Mayo quedaron archivados tras el despido de los trabajadores encargados de las iniciativas.
El Museo Sitio de Memoria ESMA, considerado patrimonio de la humanidad por la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tuvo que reducir los días de apertura al público de seis a cuatro tras la desafectación de diez trabajadores. Ya no hay personas dedicadas a la conservación y el mantenimiento, y solo tres empleados se dedican a las visitas guiadas. Las autoridades incumplieron, además, dos fallos del juez federal Ariel Lijo que disponían medidas concretas para el sostenimiento del espacio.
Baños también cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y despidió a 63 de sus 95 trabajadores. El Gobierno puso a la venta terrenos en los que funcionaron centros clandestinos, como La Perla Chica (Córdoba), La Huerta (Tandil) y Puerta 8 de Campo de Mayo (Buenos Aires). Hubo también censura de actividades, como las jornadas de políticas de la memoria que se realizaban en el Conti, un recital de Milo J y la presentación de un libro en el Faro de Mar del Plata.
La búsqueda de las niñas y los niños robados durante la dictadura se vio obstaculizada a través de distintas medidas. Tanto Petri como Patricia Bullrich rechazaron enviar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). En agosto pasado, Milei eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI), que funcionaba dentro de este organismo y tenía dos funciones: realizar investigaciones prejudiciales y acceder a archivos estatales.
La Conadi perdió al 40 por ciento de su personal. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) funciona con presupuesto insuficiente y estuvo varias semanas acéfalo. El Gobierno también intentó hacerle perder la autarquía, pero ese decreto fue rechazado por el Congreso. Se limitaron también los análisis genéticos de quienes dudan de su identidad y residen en el exterior.
Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, pone el énfasis sobre la impunidad que trae aparejada la afectación de la búsqueda de los bebés robados durante el terrorismo de Estado. “Que no se restituyan identidades significa que no se conozca quiénes son responsables de estas apropiaciones”, subraya.
Hay, además, dilaciones en la política reparatoria, que van de la mano de un discurso estigmatizante, como el del “curro de los derechos humanos”. La narrativa del Gobierno combina distintos elementos: negacionismo, relativismo y una reivindicación directa del terrorismo de Estado. Son varios los funcionarios que se refieren al proceso de justicia como una instancia vengativa, innecesaria o sesgada. En simultáneo, se estigmatiza a los referentes de derechos humanos como corruptos o tendenciosos –en algunos casos, se los llegó a acusar de destituyentes en una reversión de la “campaña antiargentina” de la dictadura– y se afirma que las políticas de memoria son incompletas. Se vuelve a hablar de enemigos internos o terroristas mientras se refuta el número de desaparecidos.
Si no es tierra arrasada es porque las políticas de memoria tienen apoyo social y de otras instancias estatales –más allá de la cruzada del gobierno nacional. De cara a los 50 años del golpe, desde la mesa propusieron poner el debate sobre lo que significó y sigue significando la dictadura, sobre todo en un verano que se anticipa movido. “Nos vemos en las calles o nos vemos el 24 en la Plaza”, cerró Perelman.
Página/12