El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso propone derogar la ley 12.908 de 1946, que regula derechos, escalafón y condiciones de los periodistas, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento. “Un ataque a quienes trabajamos y al periodismo”, indicaron desde sindicatos de prensa.
El Gobierno envió este jueves al Congreso un proyecto de reforma laboral que incluye la eliminación del Estatuto del Periodista, la ley 12.908 que desde 1946 regula las condiciones de trabajo de los profesionales de la comunicación en Argentina.
La norma, creada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y publicada en 1947, establece escalafón, categorías, derechos y garantías, incluyendo la libertad de expresión y de pensamiento.
El presidente Javier Milei firmó la iniciativa a su regreso de Oslo. La reforma contempla en su artículo 194, dentro del capítulo de “Derogaciones”: “Deróganselas Leyes Nros. 12.908 y sus modificatorias; 14.546 y sus modificatorias; 27.555 y su modificación; 23.947; 23.472; 23.759; 24.493; 20.657; 12.867”.
La propuesta genera incertidumbre sobre cómo afectará a los derechos adquiridos por los periodistas a lo largo de casi ocho décadas.
La derogación implicaría cambios en escalafones, categorías, régimen de indemnizaciones y otras condiciones laborales históricamente reguladas por la ley.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) cuestionaron la propuesta: “Para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo”.
Y añadieron: “Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo”.
Fuente: Tiempo Judicial