Las pequeñas y medianas empresas argentinas atraviesan una etapa crítica marcada por la falta de rentabilidad, un fuerte descenso de ventas, y el endeudamiento para sostener gastos básicos. Con un mercado interno debilitado y costos que avanzan más rápido que los precios, miles de firmas advierten que no pueden sostener su actividad y señalan que, sin cambios en el rumbo económico, crecerá el riesgo de cierre y pérdida de empleo.
El panorama pyme se volvió cada vez más hostil para los empresarios. Mientras la crisis golpea al consumo interno, gran parte del sector opera sin ganancias y depende de créditos o ahorros para mantenerse en pie. Hoy, al menos 6 de cada 10 empresas trabajan sin margen positivo y un porcentaje significativo reconoce que pierde dinero aun produciendo.
A esta situación se le suma un dato alarmante: una parte de los empresarios admite que podría cerrar sus puertas antes de fin de año, afectado por costos que superan a los precios, caída del mercado local y endeudamiento destinado a pagar impuestos o salarios, no a invertir.
Las subas de costos no se detienen. El incremento en insumos y servicios impactó en el 88% de las firmas, obligando a más del 70% a actualizar sus precios, aunque sin resultados favorables. La brecha entre costos e ingresos comprimió aún más los márgenes y dejó a miles de pymes operando por debajo del punto de equilibrio.
“Podemos importar todo lo que queramos, pero ¿a quién se lo vamos a vender si el mercado interno está destruido?”, planteó Diego Ojeda, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), en diálogo con FM 103.9 de Córdoba.
A su vez, cuestionó las decisiones del Gobierno por la apertura indiscriminada de importaciones: “El mundo pone reglas para defender a su industria. Acá pareciera que elegimos no defender ni a las pymes ni a los trabajadores”, resaltó. De acuerdo a un informe de ENAC, el 13% de los empresarios advirtió que podría cerrar su negocio antes de fin de año.
El financiamiento tampoco aparece como solución, ya que las tasas no son favorables para la producción. En concreto, casi un tercio de las empresas debió endeudarse para reponer capital de trabajo y otra parte para cubrir salarios, aportes y cargas fiscales. En la mayoría de los casos, el crédito o uso indiscriminado de ahorros dejó de ser sinónimo de expansión y pasó a ser un recurso desesperado para evitar la quiebra.
La cadena de pagos también se afectó sensiblemente. Más de la mitad de las compañías afirma que sus clientes atrasan los plazos de cobro, lo que prolonga el financiamiento involuntario. Al mismo tiempo, se acentúa el incumplimiento y la mora, dejando a las pymes atrapadas entre cobros postergados y pagos inmediatos a proveedores.
El impacto ya se ve en la cantidad de empresas activas. En los últimos meses se registró una nueva caída en el número de firmas registradas, y el empleo tampoco escapa al deterioro: mientras el consumo se retrae, aumentan los despidos y se frena la contratación.
Con ventas que no repuntan y costos que presionan, la mayoría de los empresarios cree que el panorama económico seguirá empeorando. El 80% no proyecta incorporar trabajadores, y el 65% no planea invertir en 2025. En ese contexto, crece el reclamo por una Ley de Emergencia Pyme que otorgue alivio inmediato.
Desde el sector aseguran que el problema central no está en lo laboral, sino en el desplome del mercado interno y la falta de políticas industriales. Sin medidas que reactiven el consumo, advierten, será difícil que las pymes vuelvan a cumplir su rol clave: generar empleo, producir y sostener el entramado productivo del país.
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