En marzo de 1978, sesenta y cinco personas murieron tras una represión del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la cárcel de Devoto y más de 150 sufrieron tormentos.
Guillermo Federico Rivarola llegó a juez federal durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. En marzo de 1978, cuando el Servicio Penitenciario Federal (SPF) reprimió a quienes estaban presos en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Villa Devoto, Rivarola quedó a cargo de la causa. La instruyó durante unos pocos meses dando cuenta de la versión oficial: que los detenidos habían iniciado un motín que derivó en un incendio que causó 65 muertos. Rivarola escuchó de boca de dos sobrevivientes lo que había pasado: que incluso quienes lograron salir de ese infierno recibieron una brutal paliza de los guardiacárceles. A pesar de que estaba obligado a hacerlo, no denunció los hechos. Cuarenta y siete años después de aquella masacre, el juez federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento de Rivarola y de tres exagentes del SPF.
El 14 de marzo de 1978 hubo una requisa violenta en la Unidad 2 del SPF que terminó con tiros y un incendio —que no fue extinguido por los agentes penitenciarios—. En el penal de Devoto murieron 57 personas y otras ocho fallecieron después de haber sido trasladadas a distintos hospitales.
El hecho se conoce como la “masacre del Pabellón Séptimo” y actualmente está siendo juzgado como un caso de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5. En el banquillo están Juan Carlos Ruiz (director de la cárcel de Devoto al momento de la masacre), Horacio Galíndez (exjefe de la División de Seguridad Interior) y el ex celador Gregorio Bernardo Zerda.
Lo ocurrido el 14 de marzo de 1978 en Devoto empezó siendo investigado en la justicia federal. La causa 8137 —caratulada “Instituto de Detención de la Capital Federal s/ averiguación de homicidio, lesiones en riña, incendio, daños y resistencia a la autoridad”— quedó inicialmente en manos del juez Rivarola antes de pasar al fuero ordinario.
Lo primero que hizo Rivarola —que había ingresado al Poder Judicial como “pinche” durante la dictadura de la “Revolución Libertadora”— fue ordenar que la investigación quedara en manos del propio SPF, y que éste les tomara declaración testimonial a los penitenciarios como si fueran testigos de los hechos y no sospechosos de lo que había ocurrido.
Para Rafecas, la hipótesis del amotinamiento fue una “burda tergiversación de la realidad a los efectos de garantizar la impunidad de los hechos”. El magistrado también señaló que las declaraciones fueron recabadas por algunos agentes que habían participado de la represión.
En línea con la versión oficial, Rivarola también dispuso que se incomunicara a uno de los presos, quien había tenido una discusión con un penitenciario en la noche del 13 de marzo de 1978 porque se negó a apagar el televisor.
Cuando el sumario del SPF llegó al juzgado, Rivarola tomó declaración a algunos de los sobrevivientes. El 4 de abril de 1978, dos de ellos le contaron cómo fue salir del Pabellón Séptimo: los penitenciarios habían formado un cordón para golpearlos con todo lo que tuvieran a su alcance, incluidas cadenas.
Pese a haber escuchado estos testimonios, no denunció los tormentos para que fueran investigados por otro juez, ya que la hipótesis de su causa era el “motín”. Por eso, Rafecas entiende que el exjuez omitió denunciar los delitos de torturas de los que fueron víctimas los sobrevivientes del incendio ocurrido en el Pabellón Séptimo. En consonancia, lo procesó por encubrimiento por omisión de denuncia.
Rafecas también dispuso el procesamiento de Antonio Bienvenido Olmedo (81), Camilo Neri Miño (81) y José Rubén Mambrín (73), en su caso, con prisión preventiva.
Olmedo era subalcalde del SPF y ejercía como jefe de turno de la División Seguridad Interior de la cárcel de Devoto. Miño y Mambrín tenían el grado de ayudantes e integraban la División Seguridad Externa, que disparó con armas de fuego hacia el interior del Pabellón Séptimo.
Lo sucedido en el Pabellón Séptimo es investigado como un crimen de lesa humanidad. El SPF, como explica Rafecas, estuvo inserto en el plan criminal de la dictadura: alojaba a presos políticos, “blanqueaba” a quienes venían desde centros clandestinos de detención y tuvo agentes operando directamente en los grupos de tareas y en los campos de concentración.
Claudia Cesaroni, la abogada que impulsa la causa junto a su colega Natalia D’Alessandro, celebró los procesamientos en redes sociales. “Lo logramos a puro esfuerzo y militancia”, escribió.
Existe otro pedido para que Rivarola sea indagado por Rafecas: su rol en el encubrimiento de la masacre de los palotinos, ocurrida el 4 de julio de 1976.
Página/12