A pesar de la defensa corporativa de sus colegas, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura rechazó los planteos de la jueza y decidió seguir adelante con el expediente.
Pese a los intentos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti por anular la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura por las irregularidades en la causa sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la Comisión de Disciplina rechazó sus planteos y decidió seguir adelante con el expediente. La magistrada es investigada por posible mal desempeño, omisión o negligencia ya que bajo su actuación se dañó en las primeras horas de la pesquisa una de las principales pruebas: el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, quien fue recientemente condenado a 10 años de prisión. El borrado de ese teléfono complicó el rastreo de la autoría intelectual del atentado.
El instructor de este expediente en el Consejo es un juez, el camarista federal de San Martín Alberto Lugones, quien impulsó medidas de prueba que Capuchetti intentó frenar. Lo que sucedió, y que es casi costumbre ya en este organismo, es que la mayoría de los consejeros/as jueces/zas intentaron proteger a la denunciada de manera corporativa. Se juntaron las juezas Alejandra Díaz Cordero, Alejandra Provítola y el juez Diego Barroetaveña, con el académico Hugo Galderisi y el senador radical Eduardo Vischi. Pero se impuso la postura de continuar con la investigación y los testigos con el senador Mariano Recalde, la senador María Inés Pilatti Vergara (ambos de Unión por la Patria), el camarista Lugones, el senador Luis Juez y el abogado y titular de la comisión César Grau, que desempató con voto doble.
A lo largo de la investigación del intento de asesinato de CFK fueron numerosas las irregularidades que le adjudicaron a la jueza Capuchetti en la pérdida de pruebas y su presunta falta de imparcialidad. El foco del expediente en el Consejo está puesto en lo que sucedió con el teléfono de Sabag Montiel cuyo contenido, al día de hoy, no pudo ser recuperado.
En las primeras pruebas después del atentado hubo dos situaciones con el aparato: la jueza primero le pidió a la Policía Federal que intentara extraer su contenido adentro del juzgado, un lugar donde no hay bloqueo de señales (no es un laboratorio para hacer un peritaje) y donde se había cortado la luz minutos antes. El agente que intentó la descarga de información, que no era un especialista, hizo tres intentos y desistió. Por eso, la noche posterior al ataque a la entonces vicepresidenta Capuchetti decidió mandar el celular a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se lo dio a la mujer policía que era custodia de su juzgado, Priscila Santillán, quien lo llevó en su auto sola a las once de la noche del viernes 2 de septiembre de 2022. Cuando llegó la esperaban peritos y estaba presente un funcionario.
Todos ya relataron en tribunales que la mujer llegó con un sobre abierto, roto, sin planilla de cadena de custodia y el dispositivo estaba encendido con una leyen de alerta en letras rojas. Desde el juzgado les dijeron que igual prosiguieran con el intento de extracción del contenido, y fue entonces que, cuando lo conectaron al sistema UFED, el celular quedó reseteado de fábrica. Es decir, no tenía nada.
Entre las medidas de pruebas dispuestas por el Consejo se resolvió citar a los peritos de la PSA, Camila Seren y Pablo Kaplan, a la cabo que custodiaba el juzgado, Santillán, al exfuncionario de Seguridad que estaba presente, Damián Neustadt y al actual ministro de justicia bonaerense, Juan Martín Mena, que entonces era viceministro de Justicia de la Nación. Mena había declarado ante la jueza María Servini que en el juzgado un secretario le había dicho que durante el día posterior al atentado Capuchetti había hecho sacar el celular de la caja fuerte, con lo cual no habría certezas con qué pasó con él mientras estuvo esas horas en el despacho. Santillán declaró en el juicio oral que ella no sabía lo que llevaba y que la tarea de trasladar pruebas la debe hacer una dependencia específica de la Policía Federal. Pero a la vez había firmado un acta donde admitía que llevó el sobre abierto y roto.
Hasta ahora, declaró ante el Consejo el perito Kaplan quien, igual que en el juicio, contó su sorpresa al recibir el sobre en ese estado y sin ninguna clase de resguardo. Además de que esperaba que la jueza fuera en persona a entregarlo, pero mandó a la guardaespaldas. El resto de los testigos comparecerán ya en 2026.
Hasta ahora Capuchetti tuvo varias situaciones adversas en el organismo: el 19 de noviembre le rechazaron las recusaciones contra Grau y Recalde. Antes, el 13 de agosto, se aprobó la citación a testigos que deberá continuar el año que viene. La Comisión de Disciplina puede proponer sanciones disciplinarias (como multas) pero si advierte asuntos de gravedad, también puede decir que un caso debería pasar a Acusación.
La magistrada intentó archivar semanas atrás la pista sobre la autoría intelectual, al decir que no tenía elementos que comprometieran al diputado Gerardo Milman, decisión que está apelada.
Página/12