El juez Jorge Sinkovich, quien había ordenado al gobierno del Chaco garantizar alimentos y agua potable para comunidades indígenas de El Impenetrable, confirmó que presentó su renuncia luego de ser denunciado por un grupo de diputados oficialistas por presunto mal desempeño. Según aseguró, la ofensiva política en su contra se desencadenó tras imponer multas al Ejecutivo por incumplir medidas cautelares en favor del pueblo Wichí.
El magistrado ofreció una conferencia de prensa acompañado por autoridades del Colegio de Abogados de Resistencia, donde apuntó directamente contra el oficialismo por lo que definió como un hostigamiento selectivo:
“A una sola persona comenzó la persecución política. Acá somos 23 juzgados civiles y comerciales, y se enfocaron en mí”, afirmó.
“Me colgaron en la plaza”
Sinkovich sostuvo que su renuncia se produce tras una serie de denuncias impulsadas por legisladores oficialistas, quienes, según dijo, reflotaron causas viejas e intentaron instalar un mal desempeño asociado a expedientes en los que el Estado estaba obligado a cumplir.
Detalló que las denuncias incluyen cuatro causas prácticamente archivadas y otras tres en trámite: Un amparo de una ex trabajadora a quien el Estado debía un mes de sueldo; una medida cautelar en un expediente por saneamiento y reubicación de familias en Resistencia que nunca fue cumplida por el Estado provincial ni la Municipalidad y un fallo de 2022 en una causa comercial (“Grupo Casino”) dictado durante la gestión de Jorge Capitanich, sobre el cual —remarcó— “nadie del gobierno me molestó”.
Pero el punto decisivo, según el magistrado, fue su resolución en favor del pueblo Wichí de la zona de El Impenetrable. Sinkovich explicó que la medida cautelar surgió a partir de un reclamo de 25.000 integrantes de la etnia Huichí, que no estaban incluidos en una resolución previa de la Corte Suprema dictada en 2007 sobre otra comunidad (la etnia Qom).
Ante la falta de cumplimiento del gobierno, aseguró que intimó tres veces antes de aplicar multas:
“Tuve que utilizar la herramienta que tenemos todos los jueces: las astreintes. Creo que me quedé corto”, afirmó, al justificar que el monto aplicado se calculó en base al salario mínimo por persona.
“¿Qué come una persona con 4.000 pesos diarios? Nada”, añadió.
Críticas al proceso
El juez señaló que todas las medidas que dictó fueron apeladas por los organismos provinciales y que existe incluso un recurso extraordinario pendiente de resolución en el Superior Tribunal de Justicia. Aun así, denunció que el oficialismo avanzó con acusaciones públicas antes de que los procesos judiciales se resolvieran. “El detonante de que yo esté en este momento colgado en la plaza es la causa de los pueblos originarios”, resumió.
La conferencia fue acompañada por referentes del Colegio de Abogados, quienes manifestaron preocupación por el impacto institucional de la denuncia contra Sinkovich. El presidente de la institución, José René Galassi, remarcó que esta decisión fue una recomendación que se le hizo al magistrado debido a que una vez iniciado el jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura ya no podrá acoger al beneficio jubilatorio hasta tanto concluya el proceso. El trámite jubilatorio, vale aclarar, lo había iniciado con anticipación, aunque su idea era continuar en el cargo un par de años más. “Sinkovich no puede, con una familia a cuesta, esperar que la corporación judicial y la política decidan por su destino y le corten la cabeza”, aseguró Galassi.