Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Corrientes al rechazar un planteo de una de las defensas que solicitaba que el caso vuelva al fuero ordinario provincial porque, según su evaluación, no se había comprobado la hipótesis de la trata de personas.
En línea con la postura del fiscal general Carlos Schaefer, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes ratificó la competencia federal del caso en el cual se juzgará a siete personas que están detenidas acusadas de haber participado en la sustracción y el ocultamiento del niño Loan D.P., ocurridos el 13 de junio de 2024, en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.
En línea con la postura del fiscal general Carlos Schaefer, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes ratificó ayer la competencia federal del caso en el cual se juzgará a siete personas que están detenidas acusadas de haber participado en la sustracción y el ocultamiento del niño Loan D.P., ocurridos el 13 de junio de 2024, en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.
En ese sentido, indicó que “teniendo en cuenta la gravedad del caso, existiendo una víctima L.D.P. que aún se encuentra desaparecida y personas privadas de su libertad, un cambio de fuero como pretende la defensa llevaría a una nueva dilación del proceso, atentando contra el plazo razonable y el principio de celeridad”.
A su vez, mencionó que si bien la investigación por la desaparición del niño L.D.P. se inició en el ámbito de la justicia provincial de Corrientes, bajo la hipótesis de “abandono de persona” y, posteriormente “sustracción de menores”, el avance de la investigación y el surgimiento de nuevas pruebas, “viraron drásticamente hacia un delito de naturaleza federal: la trata de personas”.
“Las pruebas durante la instrucción apuntaron a que la desaparición de L.D.P. no fue accidental, sino que fue parte de una maniobra de sustracción con fines de explotación o trata, lo cual se dilucidará en el debate oral, cuya finalidad es justamente conocer la verdad real de los hechos”, explicó el fiscal.
Por último, en función de los criterios de la economía procesal, la pronta administración de justicia y de una mejor realización del derecho de defensa en juicio, Schaefer consideró oportuno mantener la competencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes, ya que “es la jurisdicción en la que se ha desarrollado la investigación, se han ordenado las principales medidas de prueba, se dispuso la clausura de la instrucción y se elevó la causa a juicio”.
Por su parte, la querella sostuvo que la desaparición constituye una grave violación de derechos humanos, que debe investigarse en el fuero federal, y manifestó desconfianza hacia la justicia provincial, especialmente por la participación de un funcionario público entre los imputados (en referencia al comisario Maciel).
Los fundamentos del tribunal
En el fallo, el TOF de Corrientes destacó que este caso “ha repercutido de manera profunda y generalizada en la ciudadanía, captando la atención prioritaria de los medios de comunicación locales y trascendiendo rápidamente a la esfera nacional”. En esa línea, resaltó que el menor aún continúa desaparecido y que “la sociedad exige una respuesta judicial pronta, imparcial y eficaz”.
Asimismo, los jueces hicieron hincapié en que aún el menor L.D.P. no fue hallado y se continúan actuaciones en función de encontrarlo. “Ante este escenario, solo una sentencia que cumplimente con los pasos del proceso legal constitucional, con las garantías de imparcialidad y celeridad, removiendo aquellos obstáculos que dilaten el avance del expediente, puede dar una respuesta al pedido de justicia que merece el caso y toda la comunidad”, aseguraron.
El tribunal también aclaró que no corresponde valorar pruebas en esta instancia “porque se deben ventilar en el debate oral y público” y que, más allá de los siete acusados que serán juzgados por la retención y ocultamiento del niño -un delito de competencia ordinaria-, “también se ha elevado el expediente respecto de otros imputados por privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio (ante la justicia federal), violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad (fuerzas preventivas federales), usurpación de insignias y de títulos profesionales”.
De esa manera, el TOF hizo referencia a las diez personas -psicólogos, asistentes sociales y abogados- que decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy -algo desmentido por su titular- y que terminaron imputadas en una causa paralela al legajo principal, por intentar desviar la investigación e influenciar testigos.
Dado que la prueba y los hechos están estrechamente vinculados, el tribunal sostuvo que debe realizarse un solo juicio para toda la causa, evitando dividir competencias entre fueros. Además, señaló que hay personas detenidas y el proceso se encuentra avanzado, por lo que fragmentarlo causaría “demoras injustificadas”.
En esa línea, el tribunal tuvo en cuenta que la Corte Suprema estableció que para resolver conflictos de competencia deben considerarse las circunstancias especiales del caso, y aquí la desaparición de un niño “afecta valores constitucionales y compromisos internacionales, requiriendo celeridad y eficacia”.
Por todo ello, el tribunal reafirmó su competencia federal y ordenó continuar con la causa según su estado.
Fiscales