El Presidente resaltó en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la ciudad de Corrientes que la minería es uno de los sectores que presentan “grandes oportunidades para hacer negocios” y que tiene potencial para crear un millón de puestos de trabajo. Además, apuntó a los ambientalistas: “Prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada, con una actitud bien primitiva”, aseveró.
El presidente Javier Milei afirmó este jueves que enviará al Congreso un proyecto de ley para que sean las provincias las que determinen las zonas cercanas a los glaciares donde se permitan las actividades mineras.
“Una de las leyes que vamos a estar mandando tiene que ver con la ley de periglaciales. Está la zona glaciar y la periglacial es el perímetro a partir del cual se pueden hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido”, dijo Milei al disertar en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la ciudad de Corrientes.
Milei resaltó que la minería es uno de los sectores que presentan “grandes oportunidades para hacer negocios” y que tiene potencial para crear un millón de puestos de trabajo.
“Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada, con una actitud bien primitiva”, aseveró el presidente argentino.
Milei anticipó que la norma, cuya aprobación impulsará en el Congreso, buscará que sean las provincias las que determinen cuál es la zona periglacial.
“La contracara de eso va a ser una gran inversión en materia de minería”, sostuvo Milei, quien dijo que la idea original de este proyecto es de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, una de las provincias con fuerte actividad minera.
Según la Constitución argentina, son los estados provinciales los dueños de los recursos naturales. La Carta Magna también establece la protección de los derechos ambientales.
Argentina registra ahora mismo fuertes inversiones en el sector minero, particularmente en litio, cobre y oro.
Luego de una fuerte presión de la sociedad civil, de la comunidad científica y de las organizaciones ambientales, Argentina aprobó en 2010 una Ley de Glaciares, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y patrimonio natural nacional.
Desde entonces, la norma enfrentó cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que buscaron limitar su alcance.
Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
Cuestionamientos de especialistas
Los cambios a la Ley de Glaciares fueron, desde el inicio de la gestión Milei, uno de los puntos más criticados a la ley Bases por parte de los expertos y organizaciones ambientalistas, ya que se trata de una modificación hecha a medidas de las mineras, que buscan desde hace años avanzar sobre los glaciares y zonas periglaciares.
¿Por qué deben ser protegidos?
Los científicos explicaron que la ley vigente establece que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos que deben ser preservados como reservas estratégicas de agua para el beneficio actual y futuro de la población argentina.
Reservas que deben ser protegidas en el contexto del Cambio Climático -cuya existencia es negada por Milei- y sus efectos en la disminución en los caudales de los ríos, la reducción en el tamaño de los glaciares y la degradación del permafrost de montaña. El resultado es la pérdida sustancial de reservas hídricas estratégicas para el territorio que afecta el ciclo hidrológico de las cuencas andinas y que puede impactar negativamente a muchas poblaciones y ecosistemas que dependen del agua proveniente de los Andes, afirmaron.
Además, que estas reducciones en los glaciares y la pérdida de reservas hídricas traen aparejado un aumento de riesgos aluvionales y de otros procesos de remoción en masa. “Las proyecciones climáticas para las próximas décadas indican que estas tendencias continuarán o incluso en algunos casos se incrementarán”, aseguraron los científicos.
Sostuvieron, además, que las modificaciones propuestas “son imprecisas e inconsistentes, desvirtúan el espíritu de la ley 26.639, y no se sustentan en los últimos avances del conocimiento científico sobre los glaciares, el ambiente periglacial y el ciclo hidrológico de los Andes”, según explicaban a comienzos de 2024 en una nota de Emilia Delfino para elDiarioAR.
“Esta riqueza en reservas hídricas constituye un patrimonio de toda la Argentina que debe regirse y manejarse mediante criterios de conservación uniformes en todo el territorio nacional”, aseguraron.
Los científicos advirtieron: “Está demostrado que el deterioro del ambiente y de sus funciones ecosistémicas acarrea una gran cantidad de impactos negativos, genera mayores desigualdades económicas, y disminuye la calidad de vida de las personas”.
“La Ley de Glaciares fue producto de un importante debate social, y contó con el asesoramiento científico de expertos en la materia. Fue aprobada dos veces en el Congreso de la Nación (2008 y 2010) y su carácter constitucional fue ratificado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, recordaron.
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