El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, hará historia posiblemente al convertirse en el primer funcionario con ese cargo en presentarse ante un comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para poner en duda el número de personas desaparecidas durante los años del terrorismo de Estado y entonar la cantinela de la familia militar ampliada que sostiene que la cifra de los 30.000 fue ideada para perseguir subsidios económicos.
“A partir de que ese número no puede ser negado porque entramos en el negacionismo, la verdad no les interesa en absoluto. El tema es cuestionar a la República Argentina”, dijo en referencia a los organismos de derechos humanos ante la mirada atónita de buena parte de los expertos internacionales.
La Argentina debía ser examinada ante el Comité contra la Tortura (CAT) sobre la reducción del espacio cívico, la represión de la protesta, la penalización y el endurecimiento del sistema carcelario, pero terminó todo convertido en una diatriba que parecía escrita en otras épocas.
Baños viajó a Ginebra, Suiza, para representar al Estado argentino junto con dos funcionarios del riñón de Patricia Bullrich: Julián Curi, su abogado y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, y Diego Goldman, subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad. La voz cantante la llevó Baños, que hasta hace dos semanas estaba en la cuerda floja por la anunciada, mas no cumplida, renuncia de Mariano Cúneo Libarona.
Posiblemente envalentonado con los resultados de las elecciones de medio término, Baños decidió que era hora de pintarse la cara y presentarles batalla a los integrantes del CAT, pero, sobre todo, a los organismos de derechos humanos locales, a quienes les atribuyó planes destituyentes. “El 10 de diciembre de 2023, a horas de haber asumido el Presidente Milei la presidencia de la Argentina, más de 100 organizaciones no gubernamentales poco menos que se juramentaron hacerle la vida imposible al gobierno argentino e ir a todos los organismos internacionales denunciando y cuestionando las políticas públicas de la nueva gestión”, afirmó sin precisar de dónde había extraído el dato sobre la supuesta concertación desestabilizadora.
Su principal provocación llegó con el número de los detenidos-desaparecidos. “No podemos ser ingenuos (sobre) cómo se arribó a ese número, porque, además, quien lo ideó lo dice públicamente”, arrancó con jactancia Baños. Se refería a Luis Labraña, quien se atribuye haber “inventado” la cifra de los 30.000. Para el Gobierno, es palabra santa: lo invitó como orador en el video que distribuyó al cumplirse 48 años del golpe de Estado.
Baños sostuvo que las políticas de memoria no se habían desmantelado sino que se estaban ensanchando. “Una memoria amplia, no como pretenden los ideólogos del pasado”, afirmó. “La Secretaría de Derechos Humanos se convirtió en una bolsa de trabajo para aquellos organismos ideologizados que invadieron todos los estamentos del Estado para allí construir políticas supuestamente públicas pero que estaban dirigidas a ser cómplices de los requerimientos ideológicos del momento”, apuntó.
El principal objetivo de Baños era enlodar a los organismos de derechos humanos, quienes han presentado denuncias en ámbitos internacionales, y según él, le proporcionaron “información falsa” al CAT. Al comité le recriminó por supuestamente seguir los “dictados” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Aquí de lo que se trata es que hay organismos que están advirtiendo que los negocios del pasado se acabaron. Se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos, y nosotros no lo vamos a tolerar. No van de la mano la corrupción y la defensa de los derechos humanos”, continuó Baños, que, pese a sus dichos en el ámbito internacional, no presentó denuncia alguna por esos supuestos hechos en el plano local.
Baños aprovechó para trazar la hoja de ruta de La Libertad Avanza (LLA). “Nosotros vamos por un sistema de memoria completa, no soslayada, no sesgada”. En esa línea, afirmó que había más de 1000 muertos por la “acción del terrorismo de las milicias guerrilleras”. No es un misterio que el gobierno pretenda juzgar a los sobrevivientes de los años ‘70, a quienes el subsecretario acusó de haber incurrido en crímenes de lesa humanidad. El viejo plan, urdido por los jerarcas militares, implicaba que si estaban militantes y represores en el banquillo habría consenso para una amnistía general. “Respecto de esos poco más de 1000 muertos no conocemos casi nada. Los hacedores de la memoria no los han tenido en cuenta. Sus deudos no han cobrado leyes reparatorias. No hay monumento que los recuerde ni juicios que juzguen a sus victimarios”, se arrebató.
Como tiro por elevación para Cristina Fernández de Kirchner, impulsora de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que él denosta, Baños afirmó: “La justicia es la que los está cercando, la que los está encarcelando por haber probado actos de corrupción, la que está reclamando que devuelvan los dineros mal habidos. La justicia que no hubo por todas esas personas que también perdieron la vida por los atentados guerrilleros va por el mismo camino”, añadió.
Curi, que funge como mano derecha de Bullrich, les pidió a los comisionados tomar nota del juicio de los cuadernos. Fue en el tiempo que le sobró para su acalorada defensa del protocolo antiprotestas. Según él, ningún cuestionamiento era factible para la resolución 943/2023 porque Bullrich rasguñó el 51 por ciento de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que debe leerse como una convalidación de su accionar en el Ministerio de Seguridad. “Justicia y pueblo”, dijo con tono emocionado.
El exabogado de Bullrich también afirmó que el “Estado argentino no tolera la violencia institucional” y citó algunas resoluciones judiciales como si hubiesen sido impulsadas por el Poder Ejecutivo. Y, sin sonrojarse, añadió que “ningún policía quiere agredir o lastimar a nadie”. Ya hay varios efectivos –de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal– procesados por herir a manifestantes.
Goldman, por su parte, justificó la decisión del Ministerio de Seguridad de proveerles una defensa oficial a los agentes que enfrentan cargos en la justicia. Sostuvo que la defensoría general no tiene un área especializada en la defensa de fuerzas de seguridad y que no debe terminar en un proceso que sea “todos contra el imputado”.
El principal cruce de la delegación argentina fue con el comisionado Jorge Contesse, quien le recordó a Baños que estaba hablando con un comité independiente. “No nos ponemos a disposición de maniobras ni queremos atacar a un país”. El presidente del CAT, Claude Heller, también le explicó al subsecretario que el organismo se nutre de distintas fuentes para saber lo que pasa en el país.
Baños no dejó de refunfuñar y los acusó de funcionar como un tribunal examinador. Afirmó que los integrantes de la ONU eran víctimas de una “colonización ideológica”.
La cruzada del belicoso Baños continuará la semana próxima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Página/12