La convocatoria surgió de grupos autoconvocados y ya cuenta con vínculos con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. El acto busca reivindicar a condenados por delitos de lesa humanidad bajo a los que consideran “presos políticos”.
El próximo sábado 29 de noviembre a las 16 en la Plaza de Mayo. Para esa fecha y hora un grupo de militares retirados y militantes mileístas convoca a una movilización frente a la Casa Rosada para exigir la libertad de condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La acción surgió de un grupo de ex miembros de las Fuerzas Armadas –algunos veteranos de Malvinas–, tiene su raigambre en redes sociales y ya escaló a funcionarios del gobierno de Javier Milei y al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes parlamentarias y vinculadas a la organización del evento.
La actividad busca reivindicar el rol de “veteranos uniformados de la guerra contra la subversión”, llama a “defender la patria” y plantea un acto de desagravio a lo que consideran “presos políticos”, de acuerdo con las distintas publicaciones públicas que se pueden leer en plataformas como X e Instagram. El grupo coordinador lo integran ex militares y votantes mileístas, así como hay referencias libertarias en distintos posteos en redes.
“Recordaremos con un toque de silencio a los mártires que perdieron la vida a mano de terroristas y que la ciudadanía tome conciencia que no fue una guerra exclusiva de militares, la verdadera memoria nos obliga a tomar decisiones claras y sanas que sin duda potenciarán este acto y marcará el camino que se debería tomar a partir de ahora”, se puede leer en un documento de la agrupación “Unidos por la sangre derramada”, firmado por su director coordinador, Orlando González.
El texto agrega que el evento se realiza “para no olvidar que más de 2700 militares que arriesgaron sus vidas y vencieron al terrorismo en los 70, ahora presos, entre ellos 77 veteranos de Malvinas de los cuales murieron 20 en cautiverio, oficiales y suboficiales y conscriptos presos por haber combatido al terrorismo, muchos de ellos ya fallecidos en las cárceles, veteranos caídos en defensa de guarniciones militares y policiales atacadas por traicioneros subversivos en plena democracia, soldados y víctimas civiles en general”. Y también señala como objetivo: “Reivindicar todas las víctimas de estos terroristas apátridas financiados por potencias extranjeras con intención de imponernos ideologías extrañas como el colonialismo y/ o comunismo. Que nada tienen que ver con nuestro sentimiento nacionalista”.
La conexión con el Gobierno
La convocatoria se conoce a poco de la victoria electoral oficialista y ya involucró a algunos de los legisladores libertarios que se reunieron con Milei este miércoles en la Casa Rosada. Además, hay una conexión evidente con el discurso libertario que cuestiona la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos.
El propio Milei consideró en el debate presidencial de 2023 que durante los 70 hubo “excesos por parte de las Fuerzas Armadas”. Y el año pasado se supo que un grupo de legisladores oficialistas visitó en el penal de Ezeiza a represores como Alfredo Astiz; al poco tiempo, dichos detenidos fueron trasladados a la cárcel federal de Campo de Mayo.
Más reciente en el tiempo, durante la campaña legislativa Milei apareció con sus candidatos con un cartel que vanalizó la consigna “Nunca Más”. La semana pasada elDiarioAR registró en el evento La Derecha Fest –donde participaron funcionarios como Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine– la venta de remeras con un Falcon Verde como los usados en la última dictadura para los secuestros. Y en las últimas horas se supo que el apoderado de LLA, Santiago Viola, también es abogado de cómplices de la represión en la ex ESMA.
A datos del último 24 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reveló que ya hubo cerca de 1.200 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad desde 2006 y casi 200 resultaron absueltas. Para ese entonces, 14 juicios estaban en curso, 63 causas esperaban fecha para juicio y 258 permanecían en instrucción. Más de 1.200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso. Este viernes, el Tribunal Oral Federal número 5 rechazó un pedido de Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo del comandante del Primer Cuerpo, para ser excarcelado luego de que un fallo de la Corte Suprema exigiera “indicios concretos” de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación para mantener detenidos a los acusados por crímenes de lesa humanidad.
Además de la agrupación “Unidos por la sangre derramada”, la convocatoria para el 29 de noviembre también la impulsan “Pañuelos Negros” –cuyo logo es el mismo que el de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pero pintado de negro– y una organización que lleva una cobra como símbolo y la frase “Unidad de cuerpo. Masa crítica para la victoria”. En los avisos también hay referencias a alias de billeteras virtuales y CBU de cuentas bancarias para recibir donaciones para la manifestación. La movilización surgió luego de un acto realizado por ex militares en Tucumán, en febrero pasado, por los 50 años del llamado Operativo Independencia.
“Somos organizaciones que definen a los que lucharon contra el terrorismo en democracia, pre-proceso”, explicó a elDiarioAR el propio González, militar retirado y veterano de Malvinas, quien dijo que “hay que bregar por la libertad de todos los ancianos enfermos, los pocos que aún quedan en la cárcel”.
González confirmó que hubo contactos con La Libertad Avanza, que este medio pudo corroborar con funcionarios cuyo nombres se reservan. “En el Gobierno hay gente que piensa como nosotros. Tenemos el apoyo de algunas personas, sobre todo con la logística”, señaló.
González se declaró un votante de Milei “en todas las instancias” y con “esperanza, paciencia y fe por su promesa de frenar los juicios”. A la convocatoria del 29 de noviembre. También hubo algunos contacto la vice Victoria Villarruel.
González dejó en claro a este medio que la manifestación no es oficial, sino que se trata de una autoconvocatoria de “las organizaciones pro-antiterrorismo” de distintos puntos del país. Por eso habrá delegaciones de otras provincias e incluso de países vecinos, como Bolivia y Uruguay. “No es un acto oficial, no tenemos que hacer invitaciones, sino que tenemos que informar. Vamos a hacer una manifestación y sin incumplir los protocolos de seguridad”, aseguró.
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