Desde el máximo tribunal, instalaron que la sentencia es una exhortación a los jueces para que revisen las prisiones preventivas de los detenidos por crímenes de lesa humanidad.
El obispo castrense, Santiago Olivera, saludó el fallo de la Corte Suprema que favorece a los represores de la última dictadura. “No puedo dejar de celebrar este pedido y agradecer la valentía del mismo”, escribió el cura elegido por Javier Milei para hacer llegar el saludo de Pascuas del Gobierno meses atrás.
El jueves pasado, la Corte Suprema revocó la prórroga de la prisión preventiva de Carlos Ernestino “Indio” Castillo, un exintegrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) condenado por crímenes de lesa humanidad. Al hacerlo, dijo que nadie podía estar detenido sin condena firme por más de tres años –incluso cuando la propia Corte había señalado en 2012 que había otros estándares para las causas de lesa humanidad, por su complejidad y por el tiempo de impunidad del que habían gozado los imputados–.
Desde la Corte Suprema buscaron instalar que el fallo era una exhortación a todos los tribunales inferiores para que revisaran las prisiones preventivas de los represores, aunque no existe tal directiva en la resolución. La sentencia es, sí, un mensaje para decir que el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad no fue tan modélico como se cree.
Al cierre de la sentencia, Rosatti, Rosenkrantz y los conjueces Alejandro Tazza y Abel Sánchez escribieron: “Un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”. Esa oración fue reiterada por Olivera en la carta de lectores que publicó en La Nación y que fue replicada por activistas pro impunidad en redes sociales.
“Muchas gracias, señores jueces, de una verdadera justicia, largamente esperada, no sin desánimos pero también con la esperanza de ‘ver’ estos días”, se envalentonó Olivera.
“Confío en que la justicia siga el camino de la justicia, aquella que no debe hacer excepción de personas, por más que sufra por ello el ataque de muchos —o no tantos— que se habituaron a usar de ella según su conveniencia”, continuó, en lo que puede leerse como una apelación a los magistrados que deben resolver los casos individuales de los represores.
Olivera está habituado a hacer lobby en los tribunales de Comodoro Py. El año pasado organizó un viaje de tres jueces al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. En ese momento, los invitados fueron los camaristas Mariano Borinsky y Daniel Petrone y la jueza María Eugenia Capuchetti.
En agosto pasado, Olivera había publicado otra carta pública en la que le pedía a Javier Milei que “salde la deuda pendiente” con los represores. En esa nota, Olivera se hacía eco de un editorial de La Nación que hablaba de la supuesta ilegalidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En marzo, Olivera –que también es cercano a Victoria Villarruel, a quien visitó en el Senado al comienzo de la gestión– fue entrevistado por Cecilia Pando en el programa radial Sí hay plata. Allí hizo un alegato en favor de los detenidos por crímenes de la dictadura. “Creo que hay gente muy valiosa y muy buena; que la historia hay que mirarla en su tiempo y no sacarla de contexto”.
Página/12