El senador electo, Jorge Capitanich, pidió este lunes ser absuelto en el juicio de la causa “Fútbol para Todos”, en la que comparte el banquillo de los acusados con Aníbal Fernández, quien lo sucedió como jefe de Gabinete durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Capitanich fue acusado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, enfrenta un pedido de condena de ocho meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos por el doble de la pena que eventualmente le dicte el Tribunal Oral Federal N° 1.
En su alegato de defensa, expuesto en la audiencia por el abogado Luis Virgilio Sánchez, el ex gobernador del Chaco planteó la nulidad del alegato fiscal por “incongruente”, al señalar contradicciones entre el requerimiento de elevación a juicio y la acusación que finalmente se formuló en el debate.
“Si el fiscal no cuestiona el criterio de distribución del los fondos del programa Fútbol para Todos realizado por la AFA a los clubes desde 2009 al 2015, entonces mi defendido no puede comprender de qué se lo está acusando”, sostuvo el defensor.
Y siguió: “Nos cuesta distinguir quién sería la víctima de este delito, que según la tesis del fiscal serían los clubes. Todos los testigos que representaban a los clubes no solo dieron cuenta de que el programa no los perjudicó, sino que por el contrario, los benefició”.
Por otra parte, la defensa de Capitanich cuestionó a la legisladora porteña Graciela Ocaña, autora de la denuncia con la que se inició el caso. Fue señalada en el alegato como “victimaria” de la supuesta “persecución política” que advirtió el acusado.
“Esta causa se inició con una denuncia temeraria de la señora Ocaña con el objetivo de tomar protagonismo como opositora del Gobierno, lo cual le rindió sus frutos, ya que la denunciante ha construido toda su carrera política haciendo denuncias”, reprochó el defensor Luis Virgilio Sánchez.
Al finalizar el alegato de Capitanich, el TOF N° 1 – integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg-, llamó a un cuarto intermedio hasta el 3 de noviembre, cuando expondrá la defensa de Aníbal Fernández.
El ex ministro de Seguridad está acusado de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para él, la Fiscalía solicitó tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
Previamente ya hicieron lo propio el resto de los acusados: Luis Segura, ex presidente de AFA -afronta un pedido dos años de cárcel-; Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) -un año-; Norberto Monteleone, ex gerente general de ese sindicato -un año-; y Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco -dos años-.
El caso
Según dió por probado la acusación, a partir de los contratos celebrados en torno al programa Fútbol para Todos existió un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos, entre 2010 y 2015.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien sostuvo además que los clubes aumentaron “sustancialmente” sus pasivos, y no se observó que hubieran cancelado las deudas que mantenían con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Justamente, las dos finalidades del programa eran garantizar el acceso libre y gratuito de los partidos y fortalecer económicamente a las instituciones.
Adicionalmente, la acusación expuso un incumplimiento por parte de la AFA respecto a sus obligaciones de auditoría -lo que formaba parte del contrato- sobre los clubes. Esta supervisión era crucial para fiscalizar el cumplimiento estatutario que dictaba, entre otras cosas, que las entidades deportivas debían mantener una contabilidad específica para el fútbol profesional y destinar fondos a obras de utilidad deportiva o cultural.
También se investigaron maniobras de desvío de fondos hacia cuevas financieras. El fiscal Taiano señaló en su requerimiento de elevación a juicio que se cobraron cheques a través de la AFA y otras entidades, y aunque “la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas” de las empresas señaladas, lo que “significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas” de las compañías privadas.
La acusación detalló que los pagos de la AFA a los clubes no llegaban en su totalidad a las entidades deportivas, ya que los imputados aplicaban un “descuento”, y esa diferencia entre el monto emitido y el recibido era destinada a entidades crediticias.
Fuente: Infobae