Así lo dispuso el juez federal Pablo Cayssials en el marco de una acción judicial promovida por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN).
El juez federal Pablo Cayssials, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) y dispuso la suspensión cautelar del DNU 575/2025, la norma que estableció un nuevo régimen para los bienes decomisados por delitos.
La norma, dictada en el mes de agosto, aprobó el “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”. Además, creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, como órgano de supervisión, evaluación y toma de decisiones al respecto.
En consecuencia, la UEJN presentó una acción judicial en la que solicitó que continúe en vigencia el régimen jurídico anterior (integrado por la Acordada CSJN N° 22/25, y las Leyes 20.578 y 23.853, entre otras).
En la presentación judicial, el gremio sostuvo -entre otros argumentos- que la norma impugnada afecta el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y avasalla su independencia. También, afecta los fondos presupuestarios de éste, que se utilizan para afrontar las remuneraciones de sus trabajadores, así como las erogaciones destinadas a mantener una adecuada prestación del servicio. Asimismo, cuestionó que el DNU modifica disposiciones de leyes sustantivas, generando incertidumbre sobre competencias y obligaciones del personal judicial.
El magistrado consideró que, de acuerdo a lo expresado por la UJEN, parecen como más gravosas las posibles consecuencias que traería aparejado el mantenimiento de la vigencia del DNU N° 575/25, que lo acontecería con su suspensión.
“Dado la trascendencia de las cuestiones alegadas por la peticionante, en el caso se está en presencia de un caso donde prima facie se evidencia la existencia de una gravedad institucional inusitada, pues se encontraría comprometida una institución básica del sistema republicano, como es la independencia del Poder Judicial”, argumentó Cayssials. La medida cautelar extenderá sus efectos hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa.
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