Así lo revela el informe anual sobre la eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de Argentina que elabora el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Un cambio metodológico, entre las claves.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó su informe anual sobre la eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de Argentina, correspondiente al año 2023. En esta edición, la provincia de Chaco se ubicó en el primer lugar del ranking, con una tasa de eficacia del 16,66%, superando a jurisdicciones como Jujuy (14,26%) y Neuquén (13,08%).
La tasa básica de eficacia político-criminal mide la proporción de casos penales que reciben una respuesta de calidad por parte de los MPF, es decir, aquellos que concluyen en condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. Chaco registró 25.150 casos ingresados, con 1.435 sentencias condenatorias, 1.174 suspensiones de juicio a prueba y 1.580 acuerdos reparatorios.
Un cambio clave: la depuración en el registro de casos
Uno de los aspectos más destacados del informe es el cambio metodológico implementado por el MPF de Chaco para contabilizar los casos penales ingresados. Según explicó la Oficina de Política Criminal de la provincia, en 2023 se adoptó un criterio más riguroso que permitió diferenciar los casos efectivamente penales de aquellos que no constituían delitos.
Hasta 2022, el MPF de Chaco contabilizaba como “caso penal” cualquier denuncia ingresada en la Mesa Única de Ingreso, Información y Tramitación (MUIT), lo que incluía desde extravíos de documentos hasta asuntos familiares o contravencionales. Esto generaba un sobreregistro significativo, con aproximadamente 60.000 causas anuales.
A partir de 2023, solo se consideraron como “casos penales ingresados” aquellos que, tras un análisis jurídico inicial, fueron asignados a los equipos fiscales por configurar o presumirse que configuraban un delito. Las denuncias no penales fueron derivadas a los fueros correspondientes.
Este ajuste permitió reducir el número reportado de casos penales a 25.150, lo que refleja una carga de trabajo más realista y facilita el cálculo de una tasa de eficacia más representativa. Cabe destacar que, pese a la depuración estadística, la actividad penal efectiva del MPF de Chaco aumentó: las causas asignadas a fiscales pasaron de 21.236 a 25.150, y las formalizaciones (declaraciones de imputados) crecieron de 6.018 a 9.062.
Contexto nacional: transparencia y desafíos pendientes
El informe del INECIP también alerta sobre la falta de datos en varias provincias. Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán integran el “ranking de opacidad”, ya que no publican información ni responden a solicitudes de acceso. Por su parte, Formosa y Misiones presentan sistemas inquisitivos que limitan la transparencia, mientras que San Juan solo envió datos parciales.
A nivel nacional, la tasa de eficacia promedio sigue siendo baja: más del 80% de los casos penales no reciben una respuesta de calidad. El informe subraya la necesidad de que los MPF planifiquen estratégicamente su labor y mejoren sus sistemas de registro para poder evaluar y optimizar su desempeño.
Según INECIP, el caso de Chaco demuestra que, más allá de la posición en el ranking, la voluntad de mejorar los sistemas de información es fundamental para avanzar hacia una justicia más transparente y eficaz. La depuración metodológica no solo elevó su tasa de eficacia, sino que sentó un precedente valioso para otras jurisdicciones que buscan superar el “sobreregistro” y enfrentar con mejores herramientas la creciente demanda de justicia.
Revista Litigio-Periodismo Judicial