Pablo Laurta fue su fundador. Los acusan de discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino.
La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, presentó una denuncia formal ante la Justicia solicitando medidas urgentes para la baja y preservación del contenido digital vinculado al presunto autor del reciente doble femicidio ocurrido en Córdoba, Pablo Laurta. La presentación, radicada ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, fue realizada por discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino.
El organismo actuó tras tomar conocimiento de que, junto con la noticia del doble femicidio, el acusado tendría intervenciones misóginas en una comunidad digital denominada “Varones Unidos”. En este marco, la Defensoría constató que el dominio del sitio web se encuentra registrado a nombre del imputado, motivo por el cual se solicitó la preservación del contenido digital, dado que podría constituir evidencia en la causa judicial.
Al mismo tiempo, se solicitó la baja inmediata de todo el contenido público disponible tanto, en el sitio web como en el perfil de Instagram asociados, ya que difunden expresiones de odio contra las mujeres, deslegitiman sus denuncias e incitan a conductas discriminatorias y violentas.
Desde la institución se enfatizó que la violencia de género digital vulnera gravemente los derechos humanos y que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto cuando promueve el odio o la violencia. La medida solicitada se enmarca en la Ley 26.485 que habilita ordenar a las plataformas digitales la supresión de contenidos que constituyan violencia digital o telemática.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad sostiene una línea de trabajo permanente en materia de prevención de la violencia de género en entornos digitales. En ese sentido, en 2023 el organismo suscribió el “Compromiso contra la Violencia de Género Digital”, elaboró materiales de sensibilización y divulgación, realizó encuestas para medir el impacto del fenómeno e intervino en el proceso legislativo de la llamada “Ley Olimpia”, así como en diversas causas judiciales.
Página/12