En el marco de una causa judicial, la Fiscalía dictaminó que el Gobierno informe qué medidas concretas está tomando para prevenir el uso de inteligencia artificial que pueda manipular el voto.
La Justicia se sumó de lleno a la batalla contra la desinformación electoral. La Fiscalía n°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Ramiro González, solicitó de manera urgente al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) informe sobre las acciones implementadas para prevenir y alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y los deepfakes en las elecciones.
El pedido del Ministerio Público Fiscal se realiza en el marco de una acción de amparo presentada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En su demanda, Gil Domínguez argumentó que la difusión de deepfakes (vídeos o audios falsos hiperrealistas) y la clonación no autorizada de voces y rostros atentan contra el derecho a “elegir libremente” y constituyen una interferencia “profundamente lesiva” para el sufragio.
Por su parte, el Gobierno indicó que su rol es solo de “colaborador” de la justicia y que las medidas solicitadas excedían sus competencias o eran de “imposible cumplimiento”.
Por su lado, la Fiscalía coincidió con el planteo del amparista sobre la necesidad de que los órganos del Estado actúen de inmediato y solicitó a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Asuntos Políticos que informen sobre las campañas de difusión y sensibilización, ya sea planificadas o en marcha.
Además propuso que las mismas deben enfocarse en dos materias:
- Educar sobre la Boleta Única Papel: Informar a la población sobre este nuevo instrumento de votación para garantizar un voto informado.
- Alertar sobre el mal uso de la IA: Concientizar sobre cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ser utilizadas para afectar la limpieza de los comicios.
Este requerimiento se basa en que, desde septiembre de 2025, la Cámara Nacional Electoral ya dispuso el inicio de campañas de “formación cívica y educación digital”.
También se pidió que se informe si se notificó de manera fehaciente a las empresas tecnológicas y medios tradicionales sobre la normativa argentina que castiga los delitos electorales. En concreto, se refiere al artículo 140 del Código Penal, que sanciona el engaño o la inducción al voto. De no haberse realizado esta notificación, el fiscal pide que se ordene hacerla de inmediato.
Por último, como un gesto preventivo y de comunicación directa con la ciudadanía, la Fiscalía solicitó a la jueza que le sugiera al Poder Ejecutivo que adhiera al “Compromiso Ético Digital 2025”. Aunque su carácter es voluntario, esta adhesión representaría un “compromiso adicional” del Gobierno para promover el voto informado y combatir la desinformación, en un contexto donde la amenaza de los deepfakes sobre los procesos electorales es, según el dictamen, “indiscutible”.
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