En una decisión trascendental, la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña emitió una sentencia a favor de un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Asociación Civil Todo por Todos. La misma busca poner fin a la violencia y el abuso de autoridad por parte del comisario Daniel Melchiori y su personal en la comisaría de la localidad de Taco Pozo.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la sentencia, con fecha de este lunes, se basa en los graves hechos ocurridos el 17 de agosto de 2025, cuando un grupo de médicos voluntarios de la provincia de Córdoba fue víctima de detenciones arbitrarias y agresión física.
La denuncia, impulsada por los médicos de la asociación, con representación legal de los abogados Adriana Gisela De Langhe y Fiorella L. De Langhe, describe un patrón de conducta violenta por parte del comisario, quien, según la Asociación, agredió a una de las víctimas, a un médico y a una voluntaria. La médica María Candelaria García Nebbia fue detenida ilegalmente, sin orden judicial ni notificación a la autoridad competente.
El juez, Rodolfo Gustavo Lineras, estableció que los hechos denunciados están probados más allá de toda duda razonable. Se acreditó que varios integrantes de la Asociación Civil Todo por Todos fueron ilegal y arbitrariamente privados de su libertad ambulatoria.
El hábeas corpus no se desestimó a pesar de que las víctimas ya estaban en libertad, ya que “sin el dictado de una solución de fondo resultaría imposible cumplir con la obligación estatal de reparación efectiva y real a las víctimas”. La resolución también destaca que el accionar de Melchiori no es una conducta aislada, sino que se ha evidenciado un patrón de violencia sistemática en la comunidad de Taco Pozo.
Medidas de protección y reparación
A partir de la sentencia, se ordenaron medidas de protección urgentes, incluyendo la prohibición para el comisario Melchiori de estar presente o de ejercer sus funciones en no sólo en la comisaría de Taco Pozo, sino en los Departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú (que conforman El Impenetrable), ámbito donde la Asociación Civil “Todo Por Todos” desarrolla sus actividades solidarias.
Establece también que la Jefatura de Policía del Chaco deberá implementar un curso de Derechos Humanos y Garantías para todo el personal de la comisaría de Taco Pozo dentro de los 60 días siguientes a la notificación, y exhortó al Ministerio de Seguridad, al Órgano de Control Institucional y a la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos a investigar y sancionar las conductas denunciadas.
Además, como medida de reparación simbólica, el intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibañez, deberá realizar un acto público de disculpas hacia la Asociación, con la participación de autoridades provinciales y de la comunidad.
La resolución judicial también advierte sobre los “serios peligros que pueden entrañar para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos los experimentos autoritarios, encarnados en dictadorzuelos, que con el pretexto de llevar seguridad a la ciudadanía terminan avasallando sin ningún tipo de miramiento sus derechos y libertades”. El juez enfatizó la importancia de erradicar las malas prácticas policiales, por ser incompatibles con los derechos y garantías constitucionales.
La Asociación, que lleva más de doce años prestando asistencia sanitaria gratuita en la región, manifestó su temor a regresar a la zona por el riesgo de represalias. El hábeas corpus busca, además de la reparación individual, una solución colectiva para garantizar que la comunidad de Taco Pozo no vuelva a ser víctima del abuso del poder policial.