Una multitud de brasileños rechazó dos proyectos legislativos que buscan otorgar inmunidad a los parlamentarios y una posible amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, incluido el expresidente, condenado a 27 años de prisión.
Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en todo Brasil en rechazo a dos iniciativas parlamentarias: la primera de ellas consiste en una propuesta de enmienda constitucional conocida como el “proyecto de blindaje”, que ampliaría la inmunidad de los legisladores, mientras que la segunda plantea una amnistía que podría beneficiar al expresidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
El principal lema de las manifestaciones fue claro: “Sin amnistía”. Desde Río de Janeiro hasta Brasilia, pasando por San Pablo, miles de ciudadanos expresaron su descontento en las calles de ciudades de los 26 estados del país. En Río, los manifestantes se congregaron en la emblemática playa de Copacabana, donde artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, y otras figuras representativas de la cultura brasileña, se unieron al clamor en contra de los proyectos legislativos.
La jornada de protestas se desató a raíz de la sentencia histórica contra Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por su participación en la planificación de los altercados sociales que llevaron al ataque a las sedes democráticas el 8 de enero de 2023. En ese contexto, los ojos de la sociedad brasileña se posaron sobre el Congreso, en su mayoría conservador, al que acusan de anteponer los intereses de los parlamentarios a los problemas sociales y económicos que atraviesa el país.
Ni blindaje, ni amnistía
Uno de los focos de la indignación fue la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados del “proyecto de blindaje”. Esta propuesta, que exige que el Congreso autorice mediante un voto secreto cualquier acusación penal contra diputados y senadores, fue presentada como una medida para “proteger a los legisladores” de posibles abusos del sistema judicial. Sin embargo, sus detractores la califican como un intento de autoprotegerse y de garantizar la impunidad para los legisladores involucrados en casos de corrupción y otros delitos.
El presidente de la Cámara, el republicano Hugo Motta, defendió el proyecto argumentando que se trata de una medida para evitar posibles persecuciones políticas. Por otro lado, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se mostró en contra de la propuesta. Su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, expresó su preocupación de que esta ley pueda abrir las puertas al crimen organizado en el Parlamento, debilitando aún más las instituciones democráticas del país.
La propuesta desató una oleada de críticas, especialmente desde el ámbito artístico y en redes sociales, donde figuras de la cultura como la cantante Anitta cuestionaron la legitimidad de una ley que blindaría a los políticos de la justicia. “Imaginen que alguien los asesine y el asesino no pueda ser procesado sin la autorización de sus colegas”, escribió Anitta en su cuenta de Instagram.
El clima de tensión se intensificó cuando, al día siguiente de la aprobación del proyecto de blindaje, la Cámara de Diputados aprobó el trámite urgente de un proyecto de ley que busca otorgar amnistía a los cerca de 700 bolsonaristas condenados, incluso el propio Bolsonaro, por su participación en el intento de golpe de Estado. Flavio Bolsonaro, diputado e hijo del exmandatario, fue uno de los principales promotores del proyecto, y justificó la amnistía como una forma de “pasar página” sobre lo ocurrido en los días posteriores a la derrota electoral de su padre.
En Brasilia, miles de personas se concentraron frente al Congreso para protestar, acompañados de un muñeco inflable gigante del exmandatario, adornado con un particular bigote y sangre en las manos. Aline Borges, una ambientalista de 34 años, expresó su indignación diciendo: “Estamos aquí para protestar contra este Congreso, que está compuesto por criminales, asesinos, corruptos, todos vestidos de políticos, quienes están articulando una ley que los autoprotege”.
Página/12