Un especialista en medicina legal propuesto por el Ministerio Público Fiscal fue el último testigo que declaró en el juicio que aborda los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del incendio ocurrido el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón Séptimo de la entonces Unidad Penitenciaria N°2 de Devoto.
De esta manera, culminó la etapa de recepción de prueba testimonial en el proceso que tiene a tres exagentes penitenciarios federales acusados de aplicación de tormentos contra 153 personas -65 de esos casos seguidos de muerte- durante y después del siniestro originado en una violenta requisa.
El médico Claudio Capuano, que integra el cuerpo pericial de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y se desempeña profesionalmente en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand y en el Sanatorio Finochietto, en su declaración testimonial brindó un análisis sobre las historias clínicas, los informes de autopsia, los certificados de defunción, las fotografías y otros documentos asociados a las víctimas fallecidas y sobrevivientes.
El testimonio de Capuano fue presentado el 3 de septiembre a pedido de la Fiscalía General N°2 ante los tribunales orales federales porteños, a cargo del fiscal general Abel Córdoba, quien cuenta con la asistencia de la auxiliar fiscal María Laura Grigera. El profesional, que había participado en la inspección realizada a la cárcel el 27 de noviembre pasado, fue convocado para explayarse, según su especialidad, en torno a las constancias de lesiones y las causas de muerte durante los hechos a los que contextualizó en relación a eventos semejantes como “un incendio de magnitud que levanta entre 800 y 1.200 grados”, describió.
Capuano explicó al respecto que “las autopsias cotejadas con los certificados de defunción” revelaron que los “principales motivos de defunción fueron quemadura de segundo y tercer grado, congestión pulmonar y edema agudo de pulmón”.
El médico también puntualizó que las historias clínicas dieron cuenta “que muchas de las víctimas fueron heridas con armas de fuego” y, acerca de los sobrevivientes, respondió preguntas sobre padecimientos como “estrés postraumático, problemas renales y los problemas respiratorios”.
Su testimonio puso fin a la etapa de prueba testimonial y el debate continuará el próximo 17 de septiembre con el tramo final probatorio. El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por Nicolás Toselli (presidente), Adriana Palliotti y Daniel Obligado.
La masacre
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos se enmarcaron en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Cuerpo I del Ejército durante la última dictadura militar, como epílogo de una violenta requisa que desencadenó un enfrentamiento entre las personas detenidas y los guardiacárceles del Servicio Penitenciario Federal.
El incendio en el Pabellón Séptimo de la entonces cárcel de Devoto -hoy, Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se inició a las 8.15 cuando se encendieron colchones y camas que los reclusos pusieron contra las rejas como mecanismo de defensa ante los gases lacrimógenos y los disparos de armas de fuego de los guardias.
En el requerimiento de elevación a juicio, hecho por el fallecido fiscal federal Federico Delgado, la fiscalía puso de relieve que el personal penitenciario “en lugar de disponer la dirección de los esfuerzos (…) hacia el auxilio de las personas encerradas profundizó el ataque y la represión que finalmente devino en la muerte de 65 víctimas y los graves padecimientos físicos de otras 88”.
La fiscalía remarcó que, con los sobrevivientes, los guardias “improvisaron una suerte de pasarela desde el mencionado pabellón hacia las celdas de castigo” y les propinaron “una paliza a lo largo del trayecto”. En tal sentido, señaló que “los agentes golpearon salvajemente a las víctimas, incluso en las zonas donde se veía que habían sufrido quemaduras”.
A este juicio llegaron acusados el exdirector del entonces Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz, en carácter de autor mediato de los hechos; y el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez, y el excelador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda, imputados como coautores. La calificación legal con la que arribaron a juicio es aplicación de tormentos, reiterados en 153 oportunidades, 65 de los cuales fueron seguidos de muerte.
Fiscales