Contrataciones directas con empresas que tercerizan sus servicios con otras empresas que, a su vez, también tercerizan sus servicios. Transferencias bancarias para pagar facturas que, sin embargo, son abonadas por otro circuito con dinero en efectivo. Facturas que no se pagan y nadie reclama. Empleados de una misma empresa que se contradicen sobre la existencia (o no) de pagos cash. Todo está consignado en la causa en la que se investigan las actividades de la agrupación de ultraderecha y confesa filomileísta Revolución Federal. En el expediente se investiga si esa organización fogoneó, gracias a un financiamiento irregular, el atentado contra Cristina Kirchner.
Todo forma parte de un informe de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ese organismo, que depende de la Procuración General de la Nación, está a cargo del fiscal Diego Velasco. Esta semana, tras la reapertura de las causas Los Sauces y Hotesur, Velasco se apuró a pedir medidas de prueba en ese expediente: un entrecruzamiento de llamadas entre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el empresario Lázaro Báez. Ciertamente, Velasco no podría ser tildado de kirchnerista.
El informe de la PROCELAC, de 16 páginas, fue presentado el 4 de octubre pasado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Gerardo Pollicita, quienes habían reclamado la “colaboración” para determinar si un grupo de supuestos empresarios y firmas comerciales “recibieron transferencias, depósitos y/o giros de dinero en sus productos bancarios y/o financieros, provenientes del Fideicomiso Espacio Añelo, del Fideicomiso Santa Ana y/o Rosana Pía Caputo, en el período comprendido entre el mes de mayo de 2021 y octubre de 2022”. Todos están vinculados con Caputo Hermanos, la empresa de la familia del ex funcionario del gobierno de Cambiemos Luis “Toto” Caputo.
El reporte de la PROCELAC reconstruyó las transferencias recibidas por los proveedores de Espacio Añelo, un edificio construido en Vaca Muerta pero equipado a través de un extraño vínculo de Rosana Caputo con una carpintería de mala muerte a la que conoció casualmente cuando caminaba por las calles de la localidad bonaerense de Boulogne, a más de 1.200 kilómetros del polo petrolero neuquino.
La carpintería, valga el detalle, era propiedad de Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal.
El caso más llamativo es una supuesta tercerización en cadena para la provisión de colchones. De la información aportada por AFIP surge que la empresa Dormipol SA emitió en favor de Espacio Añelo dos facturas entre mayo y junio de 2022: una por 934.812 pesos y la otra por 934.799. Pero María Luján Palferro, una empleada de Caputo Hermanos, explicó que “los montos debidos a los proveedores Sergio Cayetano Verde y Dormipol S.A. habrían sido abonados por el Espacio Añelo vía transferencia, a cuentas bancarias pertenecientes a Noelia Elizabeth Camerota y Jomaro SRL”.
Sobre Camerota no hay un solo dato en el expediente que explique quién es.
Verde, en tanto, no aparece vinculado con Dormipol. En sus facturas figura como titular de la firma Mahufed, que proveyó a Espacio Añelo 42 banquetas “Bertoias”. No colchones; banquetas.
Jomaro sí es fabricante de colchones, pero su envergadura no parece propia de la informalidad con la que fue contratada, ni menos aún la forma en que se le pagó.
Según su página de internet, tiene “tres locales de venta al público” (en las localidades bonaerenses de San Fernando, Garín y Martínez) y forma parte de un grupo empresarial “especializado en la fabricación integral de poliuretano”, con más de medio siglo en el mercado abasteciendo a “diferentes industrias, como el sector automotor, industrias de calzados, colchones, cotillón, entre otras”.
La ruta del dinero indica que Caputo Hermanos le encargó al improvisado carpintero Morel los colchones; el pago salió con destino a Verde (quien no se dedica a los colchones) pero las transferencias impactaron en las cuentas de Jomaro y una destinataria ignota. El socio gerente de Jomaro SRL se llama José Luis Coldeira, según reportó la PROCELAC. Pero su nombre tampoco aparece en el expediente.
Por si algo de turbiedad le faltaba a la operatoria, el 2 de diciembre de 2022 declaró en la causa Patricio García Trucco, presidente de Dormipol. “Los pagos de las referidas facturas fueron realizados en efectivo por Morel”. Y añadió: “Yo fui dos veces a buscar los pagos a la calle Martín Rodríguez (la carpintería de Morel). La primera vez me pagó Morel y la segunda vez no estaba, así que me atendió otro hombre cuyo nombre no recuerdo”.
Así, un mismo pago está registrado tres veces, en tres modalidades distintas: una transferencia a Dormipol, otra a Jomaro y un pago en efectivo reconocido por quién lo cobró. En cualquier otro escenario esta situación haría saltar todas las alarmas por sospecha de lavado de dinero.
El fiscal Pollicita pidió el levantamiento del secreto bancario de Noelia Elizabeth Camerota y Jomaro SRL.
¿El edificio en Vaca Muerta fue realmente equipado por Morel? ¿Los muebles por los que Caputo Hermanos pagó unos 17 millones de pesos -a valores de 2022- realmente existen? Y si existen, ¿valían realmente ese dinero?
Ninguna de esas preguntas tiene, por ahora, respuestas. Hace un mes, el juez le pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación una auditoría para responder los interrogantes, pero el director de Asuntos Jurídicos de ese organismo, Juan Ignacio Rivera, se topó con una dificultad para la tarea: los videos que le enviaron sobre los supuestos muebles “no pueden ser visualizados con motivo de que se descargan con error o dañados”. Resulta difícil tasar lo que no se ve.
¿Qué más descubrió la PROCELAC? Que María Isabel Said, una jubilada sin antecedentes en el rubro mueblería, “emitió a nombre del Fideicomiso Espacio Añelo las facturas tipo C, nº 01-0137 y n° 01-0138, ambas de fecha 27/07/2022, por un monto de $2.621.539 y $828.854 respectivamente”. La primera factura, según la declaración de la empleada Palferro, fue “abonada en efectivo”. Sin embargo, otro empleado de Caputo Hermanos, Lucas Nudelman, declaró ante el juez Martínez de Giorgi que “en general los pagos salen por transferencia o cheque. Por los montos que maneja la empresa, no se hacen pagos en efectivo y todos los pagos se realizan contra factura”.
¿Qué pasó con la segunda factura, por 828.854 pesos? Palferro aseguró que “nunca recibió la orden de su jefe de emitir la orden de pago” y, de hecho, la PROCELAC corroboró que “de la información bancaria recolectada en el marco de la colaboración prestada por esta dependencia, no se dispone de otra información adicional que pueda vincularse con el pago”. Es decir que hubo una factura por más de 800 mil pesos por un supuesto servicio que no se pagó y nadie reclamó.
Tiempo Argentino