Mientras crece la polémica por los audios de Diego Spagnuolo y las denuncias de coimas en la ANDIS, la Casa Rosada justifica el recorte con cifras de incremento “injustificado” en los últimos 20 años. Organizaciones advierten que se trata de una maniobra de ajuste que vulnera compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la Argentina.
Detrás del escándalo y la crisis política desatada por la revelación de los audios de Diego Spagnuolo y las presuntas coimas en la ANDIS, que involucran a figuras políticas de primer orden, como Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, hay un dato clave que revela cómo el Gobierno manipuló información y cifras para justificar el ajuste en curso en el área de Discapacidad.
En febrero de este año el gobierno de Javier Milei relanzó una auditoría sobre 1 millón pensiones por discapacidad (formalmente, pensiones no contributivas por “invalidez laboral”). Lo hizo con el objetivo confeso de revisar y dar de baja aquellas que se consideren “mal entregadas”. Este proceso se inició formalmente en agosto de 2024, exactamente la fecha en que se habrían producido los diálogos de los audios del escándalo, que recién vieron la luz en agosto del año en curso.
Así lo anunciaba el ex director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a través de su cuenta de X, el 22 de agosto de 2024: “Con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”.
Tras un año, los números de la cruzada de Spagnuolo son elocuentes. Según los datos oficiales de la ANDIS, en todo el país se enviaron 997.654 cartas documento. De ese total, 504.802 no pudieron ser entregadas (50,6%). De las 492.852 personas que recibieron la carta, 451.579 asistieron al turno (91,6%.). 7.211 personas se identificaron como fallecidos y hubo 9.027 renuncias. En 418.374 casos la auditoría está en proceso.
El 27 de agosto, en el Congreso Nacional, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, informó la suspensión de 111.463 pensiones. Cabe señalar que existen versiones periodísticas que sostienen la existencia de un sistema de gratificaciones económicas en la ANDIS, capitaneada por el propio Spagnuolo, para “premiar” a los agentes del organismo en función de la cantidad de bajas gestionadas.
Los números del gobierno de Milei
En línea con los números que se presentaron para emprender la auditoría en agosto de 2024, el miércoles 27 de agosto de este año, una semana después de conocerse los audios de Spagnuolo, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, llevó adelante su tercer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, y allí dijo: “Resulta completamente indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen obra pública, infraestructura y aumentos para cada sector social, cuando ellos mismos abandonaron a los jubilados, licuándoles el 30% de su ingreso en el último año de gestión; otorgaron pensiones por discapacidad irregulares e infundamentadas, aumentando el número de beneficiarios un 1.418% desde 2003, y dejando el nomenclador con un atraso del 118%. Porque les recuerdo, que la inflación de 2023 fue de 211%, y el nomenclador lo actualizaron sólo el 93%. ¿Eso no era cruel?”.
Un día después, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, hizo declaraciones públicas en el canal de streaming Carajo: “En el 2001 teníamos 75.000 personas con discapacidad y Argentina tenía aproximadamente 36 millones de habitantes. Hoy tenemos 46 millones. Proporcionalmente, debiera haber 97.000 discapacitados. Hay 1.250.000”.
En limpio, el núcleo discursivo del gobierno para justificar el recorte se fundamenta en que si se pasó de 80.000 personas con pensiones por discapacidad a 1.250.000, “sin una guerra mediante”, estaríamos ante un “curro”.
Cabe recordar que el primero que hizo punta con este tema fue el vocero Manuel Adorni. El viernes 19 de julio de 2024, en una conferencia de prensa, apeló al impacto visual: mostró una radiografía de un perro que habría sido utilizada para justificar el otorgamiento de una pensión.
La polémica por los recortes en las pensiones por discapacidad ya viene desatado una tormenta política incluso antes de que se conocieran los audios de Spagnuolo. El tema ha escalado hasta generar vetos presidenciales y un intenso debate legislativo en ambas Cámaras del Congreso Nacional. A esto se sumaban las declaraciones del propio Spagnuolo a la familia del niño Ian Moche, junto con una guerra judicial y mediática impulsada por el Presidente de la Nación contra ese mismo niño con autismo.
El descontento de prestadores médicos y personas con discapacidad se materializó repetidas veces en protestas callejeras por parte de los sectores perjudicados, y una de ellas fue reprimida el martes 5 de agosto, tras el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El 20 de agosto la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial y ahora deberá pronunciarse la Cámara de Senadores.
Manipulación e historia reciente
Pero para comprender el alcance de la manipulación oficial de los datos en cuanto a las pensiones por discapacidad y el ajuste en curso, es necesario hacer algo de historia.
Como reconstruye un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” fueron creadas en 1973 a través de la reforma de la Ley N° 13.478. En 1997 ese artículo se reglamentó mediante el Decreto 432/97, que creó la “pensión por invalidez laborativa” y a su vez reguló los requisitos para acceder a ella. Hasta 2003, rigió un sistema de “alta por baja”, que mantenía un número de pensiones fijo, es decir, un “cupo”. En ese año, se abrió el beneficio a la demanda real de las personas que pudieran cumplir con los requisitos previstos en el decreto del año 97.
Belén Arcucci, Coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, señaló a PERFIL: “Esta flexibilización de los requisitos y la eliminación de ‘cupo’ que funcionaba no por una normativa específica sino por uso y costumbre, e implicó en los hechos que más personas pudieran acceder a las pensiones por discapacidad, no que se incrementara el número de personas con discapacidad, como sostiene el gobierno”.
Arcucci agrega otro elemento: “No nos parece correcto hablar de pensiones por ‘invalidez laboral’, es estigmatizante y además son mucho más que eso, son una política de transferencia de ingresos destinada a paliar las desigualdades estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en Argentina. Su monto equivale al 70% de una jubilación mínima, y habilita el acceso a la cobertura sanitaria del programa ‘Incluir Salud'”.
“Por otro lado, nos parece problemática la medición en porcentajes de la ‘invalidez laboral’ requerida para acceder a la pensión. Los decretos del 2024 lo bajaron al 66%, antes del 2023 estaba en el 76%, pero el gobierno actual estableció requisitos mucho más excluyentes”, dice la integrante de ACIJ.
Siguiendo con la historia reciente, en 2008 Argentina ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y en 2014 el Congreso le otorga jerarquía constitucional (Ley 27.044). A partir de la ratificación de la CDPD, los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas por “invalidez laborativa” regulados por el Decreto 432/97 devienen inconstitucionales.
El aumento exponencial de pensiones entre 2003 y 2025, que según los datos oficiales del Boletín Estadístico de Seguridad Social publicados por el portal Chequeado pasó de 75.000 a 1.2 millones, efectivamente no se explica por “una guerra”, sino por una interpretación flexible de lo dispuesto por la CDPD, al margen de que los requisitos normativos para acceder a la pensión se mantuvieron iguales desde 1997 hasta 2023.
Siguiendo con la cronología, en enero de 2023 el gobierno de Alberto Fernández sancionó el Decreto 7/23, y en noviembre el 566/23, que modificaron el Decreto 432/97 y revirtieron algunos de los problemas que había señalado la justicia argentina y el Comité de la ONU.
En septiembre de 2024, ya durante el gobierno de Javier Milei, por medio del Decreto 843/24, el Ejecutivo reformó nuevamente el Decreto 432/97 y modificó nuevamente los requisitos de acceso a las pensiones.
El informe de la ACIJ señala el siguiente balance crítico: “Este nuevo marco normativo instaurado por el Decreto 843/24 implica un retorno al modelo médico, viola los derechos a la protección social y a la vida independiente reconocidos en la CDPD, desconoce las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas en sede judicial y atenta contra las múltiples intimaciones que la Organización de las Naciones Unidas hizo a Argentina para que modificara la regulación en la materia”.
Los números en la actualidad
Según los datos oficiales del INDEC en Argentina hay 5.114.190 de personas “con dificultad o limitación permanente y prevalencia de la dificultad o limitación permanente” (Censo del año 2010). Se trata del 12,9% de la población, lo cual está dentro de los parámetros mundiales promedio, entre el 10 y el 14%. Al aplicar ese mismo porcentaje a los datos del Censo 2022, la cifra asciende a 5.964.293. Esto quiere decir que actualmente solo el 20% de las personas con algún tipo de discapacidad reciben una pensión no contributiva (PNC).
Personas con discapacidad en Argentina
Por otro lado, según los datos oficiales de la propia ANDIS, informados por Guillermo Francos en su segundo informe de gestión, 1.900.061 personas tenían Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en el país a marzo de 2025, y a su vez 1.193.523 personas recibían pensiones no contributivas. Esto significa el 4,1% de la población total.
Es decir, los números en Discapacidad pueden ser leídos desde una perspectiva del “vaso medio vacío” y una deuda histórica por parte del Estado y los sucesivos gobiernos: de los 5 millones con algún tipo de discapacidad en Argentina, 1.9 millones tiene un certificado CUD y 1.2 millones reciben una pensión no contributiva (PNC) por “invalidez laboral” por parte del Estado a septiembre de 2024 (últimos datos disponibles de ANSES), la cual estará en $294,194 (incluyendo el bono de $70.000) con la actualización del mes de septiembre, muy por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA) que mide la línea de indigencia, que al mes de junio se ubica en $506.008.
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