Spagnuolo premiaba con aumentos y home office a los trabajadores que aceptaban impulsar las auditorías, aún sabiendo que estaban diseñadas para que las personas con discapacidad no las aprobaran y perdieran el certificado.
La gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) será recordada por dos etapas muy marcadas: la primera, centrada en dar de baja la mayor cantidad posible de pensiones vía auditorías específicamente diseñadas para impedir que las personas con discapacidad puedan revalidar su situación ante el Estado; y la segunda, tras la difusión de los audios en los que detalla el simple y efectivo esquema que, según su propia voz, hacía que el dinero público destinado a esas mismas personas con discapacidad fuera “subido” hacia “Presidencia” a través de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Las dos etapas son perfectamente descriptas por Spagnuolo en los audios que ni él ni nadie en el Gobierno han desmentido. Respecto del perverso diseño de las auditorías, el ex abogado del presidente Javier Milei se ufana de haberlo ideado y se queja porque el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se apoderó públicamente de su idea. Por esa vía, el Gobierno logró suspender 110.522 pensiones por discapacidad, sobre un total de aproximadamente 1,2 millones. “Las irregularidades en el proceso de control y los criterios que lo guiaron evidencian violaciones graves a los derechos” de las personas con discapacidad, destacó respecto de esas auditorías un informe reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Para llevarlas adelante, Spagnuolo se encontró con resistencias dentro de la planta de trabajadores de la ANDIS. Personas especializadas en la gestión de las pensiones por discapacidad que de repente fueron convocadas, a pocos meses de la asunción de Milei, para intentar con artilugios indefendibles dar de baja esas mismas pensiones. ¿Qué hizo el entonces director nacional de la ANDIS para lograr avanzar? Conformó un equipo paralelo de trabajo, con los empleados y los directivos que aceptaron participar, a quienes premió con más dinero (a través de la asignación de Unidades Redistributivas extra) y con la posibilidad de trabajar totalmente de manera remota, sin la necesidad de pisar la oficina y cruzarse con las miradas de reproche de aquellos que se negaron a participar de la tarea.
El cambio clave que permitió que las auditorías así diseñadas fueran efectivas fue resuelto en septiembre de 2024, cuando ANDIS cambió los requisitos para acceder a las pensiones y estableció nuevas obligaciones y nuevas causales de suspensión para los beneficiarios. Así reinstaló cuestiones que habían sido declaradas inconstitucionales por el Poder Judicial. La más importante: que si un beneficiario no declaró correctamente su domicilio y por eso no le llegan las citaciones, ANDIS queda habilitada a dar de baja la pensión.
El proceso duró varios meses, fue tortuoso para las personas con discapacidad que se presentaron a cumplir la auditoría diseñada para que no lograran aprobarla, y peor aún para quienes ni siquiera recibieron la notificación y un día se encontraron con que no estaban recibiendo más la pensión. Todo eso, por ahora, se frenó. La difusión de los audios de Spagnuolo dejó tanta crueldad en espera.
Alejandro Vilches, el designado interventor de ANDIS en medio del escándalo, aseguró en una reunión informal con los trabajadores que las auditorías ya terminaron y no habrá más intentos de dar de baja pensiones. Así lo aseguraron a El Destape algunos integrantes de ANDIS que participaron de esas conversaciones y que en su momento se habían negado a integrar el grupo que llevaba adelante las notificaciones, a sabiendas de que nunca llegarían a destino y de que el proceso sólo apuntaba a dar de baja pensiones.
Los trabajadores en ANDIS están expectantes por saber si la promesa informal de Vilches se cumplirá. El interventor es un hombre del ministro de Salud, Mario Lugones, quien también quedó apuntado por el escándalo de las coimas, dado que su dependencia es la que firmó una mega licitación en favor de la droguería mencionada en los audios de Spagnuolo, la Suizo Argentina, que según el ex amigo y ex funcionario de Milei era la que recaudaba los sobreprecios del 8%.
Lugones adjudicó el 6 de marzo una licitación integral por $78.267 millones a favor de la Droguería Suizo Argentina para la distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas que requieren cadena de frío en todo el país. La Droguería le ganó la puja a OCA, Correo Argentino y Andreani, empresas que hasta ahora eran las que prestaban el servicio licitado. Según Lugones, con esa decisión el Estado ahorró unos $48.000 millones. En el sector hay escepticismo al respecto.
Mientras tanto, las pensiones siguen sin actualizarse, los prestadores de servicios para las personas con discapacidad siguen sin recibir aumento, los discapacitados que trabajan en los Talleres Protegidos siguen sin cobrar hace cuatro meses su ingreso de $28.000 (sí, veintiocho mil pesos mensuales, que no les pagan hace 120 días), y el Congreso sigue con la intención de completar en el Senado la reversión del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que podría poner un paliativo para cada una de esas circunstancias. Si eso sucede, la Casa Rosada tiene la intención de denunciar judicialmente la sanción de la ley para seguir sin pagar los aumentos. Aunque, en un escenario político y económico tan deteriorado y con Karina Milei acusada de robar fondos que debían ir a las personas con discapacidad, cabe preguntarse si lo hará.
El Destape