El proyecto presentado por la Diputada Silvia Lospenatto busca imponer multas que pueden ir hasta los 130 millones de pesos para quienes generen y/o difundan contenidos manipulados, hechos o declaraciones manifiestamente falsos o descontextualizados, con el fin de incidir en el resultado electoral.
La diputada Silvia Lospennato presentó en el Congreso el proyecto de ley 4615-D-2025 que propone regular la difusión de información falsa y contenidos manipulados en contextos electorales, con el objetivo de resguardar la transparencia de los comicios y garantizar un voto libre e informado.
El proyecto delimita su alcance a los períodos de campaña y establece multas de hasta 150.000 módulos electorales (hoy a $385,31) para quienes generen o difundan noticias falsas o contenidos sintéticos manipulados —como imágenes, audios o videos “deepfake”— que puedan incidir en el resultado electoral. Asimismo, prevé sanciones a partidos políticos si sus afiliados o dirigentes participan en este tipo de conductas, y agrava las penas cuando la difusión se produce mediante sistemas automatizados o estrategias organizadas.
Las multas pueden llegar a triplicarse en caso de que se difundan mediante sistemas de decisión automatizada o como parte de una estrategia o campaña organizada
En materia de plataformas digitales, el proyecto fija un régimen de deberes y responsabilidades: deberán actuar en un plazo máximo de 12 horas para etiquetar, desmonetizar o remover contenidos prohibidos por orden de la Justicia Nacional Electoral, además de implementar políticas preventivas, canales de denuncia y mecanismos de transparencia en sus algoritmos de recomendación. Todo elector y el Ministerio Público Fiscal estarán legitimados para denunciar contenidos falsos o manipulados.
El articulado contempla también excepciones para expresiones artísticas, satíricas o de parodia, así como para contenidos debidamente etiquetados como manipulados o piezas de publicidad política con alteraciones mínimas.
En los fundamentos, la iniciativa advierte sobre los riesgos que plantea la desinformación potenciada por la Inteligencia Artificial, en particular los deepfakes, y subraya la necesidad de equilibrar la libertad de expresión con la protección de la integridad democrática. Se cita jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral y experiencias internacionales, como la legislación brasileña sobre fake news y los debates en curso en la Unión Europea y Estados Unidos.
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