El fiscal de Estado, Roberto Herlein, se refirió al fallo del Juzgado Civil y Comercial 6, dictado el 22 de agosto contra el Estado provincial por entender que hubo un incumplimiento con una medida cautelar innovativa vinculada a la asistencia de comunidades indígenas del interior provincial, por la que fijó una suma diaria en concepto de astreintes de $85.900.000.
La sanción económica impuesta fue recurrida. “La Provincia no está en una situación de incumplimiento, sino por el contrario”, aseguró.
“Con sorpresa hemos recibido esta sanción para la Provincia, con esta suma que es un monto muy alto, casi $86 millones de pesos diarios que mensualmente dan una suma de $2.577 millones. Sobre todo porque este tipo de multas o sanciones económicas se aplican cuando existe una parte que no cumple una determinada manda judicial, a cumplirla”, explicó.
Aseguró que en este caso, la Provincia “no está en ninguna actitud de incumplimiento, no hay una actitud reticente o evasiva. Se presentó una serie de informes voluminosos, elaborados por distintas áreas técnicas del Ejecutivo provincial donde se da cuenta de las distintas acciones positivas que se están llevando adelante para asistir a las comunidades”.
Recalcó que los informes “destacan la asistencia alimentaria y sanitaria, la entrega de medicamentos y equipamientos, obras para la provisión de agua potable, apoyo a comedores, proyectos educativos con enfoque intercultural y el otorgamiento también de becas a integrantes de las comunidades originarias”.
“Entendemos que, más allá de que la sanción es exorbitante, también es improcedente porque la Provincia no está en una situación de incumplimiento, sino por el contrario, tiene voluntad de cumplir y ha presentado informes donde dice lo que ha venido realizando, lo que está haciendo en este momento y cómo va a continuar la asistencia”, sostuvo.
Dijo que también se puso sobre relieve “la voluntad de convocar a funcionarios si fuera el caso para que den las explicaciones que haya que dar y profundizar los informes”. Y, en ese caso de tener que complementar dicha información “está la voluntad del Poder Ejecutivo de llevar adelante esas acciones”.
Explicó que la Fiscalía de Estado, en representación de la Provincia del Chaco, interpuso un recurso de revocatoria en apelación al subsidio. “Por un lado, decimos al Juez que la Provincia viene cumpliendo con todo lo que se ordenó. Y le pedimos que pueda revisar los informes que presentamos, convoque a una audiencia si lo estima necesario y se llame a todas las personas que tengan que intervenir. Y se conforme una mesa de trabajo para ver como se están llevando adelante estas cuestiones en territorio. Lo que se le está pidiendo, en síntesis, es que él vuelva a analizar. Y, en el caso que él entienda que hay un error por parte de la interpelación, que revoque esta multa. Caso contrario, si sostiene la multa, solicitamos que la eleve a la Cámara de Apelaciones para que sea la Cámara la que analice la cuestión”, explicó.
Evaluó que como es un proceso que se rige con plazos acotados, en dos días debería haber algún tipo de respuesta por parte del Tribunal a la presentación de la Fiscalía de Estado en representación del Gobierno provincial.