La investigación se inició tras la denuncia de la madre de la víctima, quien tomó conocimiento de que circulaban en redes y entre compañeros de colegio fotos adulteradas de su hija, ofrecidas a cambio de dinero. Según se desprende de la pesquisa, un estudiante habría señalado a su propio hermano, de 16 años, como el presunto responsable de la creación de estas imágenes.
Las imágenes falsas impactaron gravemente en la vida de la adolescente, generándole secuelas psicológicas y propagándose entre estudiantes de la institución educativa a la que asisten tanto la víctima como el supuesto autor.
El operativo
La División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia, dependiente del Departamento Cibercrimen llevó adelante las tareas investigativas, bajo la dirección del Equipo Fiscal Nº 13 a cargo del Fiscal Victor Recio, que incluyeron entrevistas vecinales y vigilancia discreta, hasta identificar el domicilio del joven implicado..
Con el decreto fundado del Juzgado de Garantías Nº 1 del Juez Javier Roy, se allanó dicha vivienda.
El procedimiento se efectuó en horas de la mañana con un amplio despliegue de efectivos de Cibercrimen y la participación del Ayudante Fiscal Joel Abregu. Si bien no se hallaron elementos de interés inmediato, el operativo permitió avanzar con otras medidas.
Avances judiciales
Más tarde, la madre del adolescente señalado,se presentó en sede policial junto a su hijo, quien reconoció estar al tanto de las diligencias realizadas en su domicilio. Por disposición del equipo fiscal interviniente, se ordenó el secuestro del teléfono celular del menor para pericias digitales.
Las medidas proteccionales para el sospechoso quedaron bajo la órbita del Juzgado del Menor y la Familia Nº 3.
Este hecho refleja las graves consecuencias que puede tener el uso indebido de tecnologías como la Inteligencia Artificial en la vida de niños y adolescentes. No solo se trata de una vulneración a la intimidad y a la dignidad de la víctima, sino también de un delito que expone la necesidad de fortalecer la educación digital, la responsabilidad de los adultos en el control de estas conductas y la rápida intervención del sistema judicial para proteger a los menores, informó la Dirección de Prensa de la Policía del Chaco.