En diciembre de 2022, el entonces gobernador Jorge Capitanich firmó el decreto aceptando la renuncia de Toledo al cargo que ocupó durante 16 años en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco para acogerse a los beneficios jubilatorios. El 28 de enero de 2023 cumplía 70 años y, si quería continuar en funciones, debía rendir un nuevo concurso, de acuerdo a lo que establece la Constitución Provincial. Su lugar fue ocupado por el juez saenzpeñense Néstor Varela, también ligado al radicalismo.
Nacido en la capital de Santa Fe en 1953, Toledo obtuvo el grado de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste el 29 de diciembre de 1973. Tenía sólo 20 años.
De acuerdo a su breve autobiografía, publicada en su tesis de maestría en Magistratura y Derecho Judicial, desde su matriculación en el Chaco, en mayo de 1974, se dedicó a la actividad de abogado libre e independiente, en todas las ramas del derecho.
En julio de 1982, en el ocaso de la dictadura, fue convocado junto a Osvaldo Simoni y Mora Escarpino para formar parte de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL). Estuvo ocho meses en ese organismo. “Fuimos a hacer el trabajo para que estén las leyes necesarias para la vuelta a la democracia”, había explicado en una entrevista a la revista LITIGIO.
Fue funcionario provincial durante el gobierno de Ángel Rozas, en distintos cargos. Entre 1996 y 2003 se desempeñó como Asesor Legal del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos; Director del Banco del Chaco SEM; asesor General de Gobierno del Chaco y, por último, Ministro de Coordinación de Gabinete de la Provincia.
Con la venia del rozismo, con mucho peso político en ese entonces, Toledo asumió el cargo de juez del STJ en 1 de noviembre de 2006, en medio de una fuerte polémica. Quienes cuestionaban su designación argumentaban que era un juez inconstitucional debido a que no accedió al cargo mediante un concurso de antecedentes y oposición. Y además cuestionaron su participación como parte de la CAL, acusándolo de ser un colaboracionista del Terrorismo de Estado.
El magistrado siempre rechazó tales críticas, al señalar que su ingreso al Máximo Tribunal de la Provincia fue totalmente legal y ajustado a la Constitución.