Las licitaciones para concesionar las principales rutas nacionales a manos privadas con el cobro de peajes que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei podrían quedarse a mitad de camino por las complicaciones y restricciones que afrontan las compañías constructoras a la hora de conseguir el financiamiento que necesitan para poder ejecutar las obras prioritarias que establecen los pliegos.
Además de señalar el escaso interés que muestran los bancos y fondos de inversiones en el otorgamiento de créditos para las concesiones viales; las empresas del sector advirtieron que la mayor parte de los 9.155 kilómetros de rutas a privatizar no cuentan con un nivel mínimo de tránsito para cubrir con los ingresos por peaje todas las obras exigidas.
La primera señal de alerta sobre las dudas que genera el esquema de privatización vial fue planteada hace 15 días por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss.
Tras manifestar su preocupación por la decisión oficial de avanzar con la disolución de Vialidad Nacional -que por ahora se encuentra frenada por la Justicia-, Weiss destacó que “la inversión privada que busca el Gobierno solo resulta viable para un porcentaje minoritario de obras como son los accesos más transitados a grandes ciudades”.
En ese sentido, precisó que “las únicas rutas en Argentina que se pueden hacer con inversión privada son las correspondientes a los accesos a las ciudades de Buenos Aires y Córdoba porque tienen el volumen de tránsito suficiente”.
Con respecto al resto de las rutas que integran la red a concesionar, Weiss consideró que “solo una pequeña fracción podría llegar a financiarse con tarifas de peajes que permitan cubrir las inversiones privadas en obras y mantenimiento que por ahora los bancos no están entusiasmados en financiar”.
En tanto, la segunda señal sobre la posible falta de oferentes para las concesiones en danza quedó sobre tapete en la última semana tras una serie de reuniones que mantuvieron un grupo de empresarios del sector con funcionarios de Vialidad Nacional y de área de Transporte que tienen a su cargo las licitaciones.
Las constructoras locales advirtieron que sus números están muy lejos de lo que indican los cálculos oficiales sobre lo que se tendría que invertir en los primeros meses de las concesiones.
Según las cuentas que hicieron los técnicos de organismo vial, en los primeros dos años las futuras concesionarias deberían invertir en las obras de “puesta en valor” de las rutas un total de u$s1.200 millones.
Para las constructoras, las reparaciones y arreglos prioritarios que se tienen realizar debido al marcado deterioro que presentan las rutas demandan una suma que no bajaría de los u$s3.500 millones.
Esas inversiones -según destacan las empresas- no se pueden financiar con las elevadas tasas de interés que existen en la actualidad y con la medición del riesgo país cercana a los 800 puntos, el mismo nivel que se había registrado durante la gestión macrista cuando se tornaron inviables los seis proyectos de PPP viales que intentó implementar el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Ante ese panorama, la administración mileísta decidió estirar el plazo que estaba agendado para la presentación de ofertas de las dos primeras concesiones en curso. Corresponden a la denominada “Etapa I” y comprenden los tramos “Oriental” (integrado por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14 y el ingreso al límite fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana) y “Conexión”, que abarca los caminos de accesos y el puente Rosario-Victoria.
La apertura de ofertas, que estaba prevista inicialmente para el 5 de agosto, se pasó al 8 de setiembre para tratar de asegurar la aparición de, al menos, dos oferentes que eviten un eventual fracaso del llamado licitatorio.
Una vez que concluya las “obras iniciales de puesta en valor”, la futura operadora privada de autovía del Mercosur podrá cobrar un “peaje básico tope” que supera en un 184% a la tarifa actual unificada que tiene la estatal Corredores Viales en todas las rutas que están a su cargo.
La tarifa básica en las cuatro estaciones de Zárate, Colonia Elías, Yeruá y Piedritas fue fijada en $ 3.700, frente al valor actual de $1.300 que pagan los autos en todas las cabinas de las rutas nacionales. Los pliegos también prevén la habilitación de una nueva estación de peaje en el acceso al puente fronterizo binacional de Pasos de los Libres-Uruguayana, donde la tarifa tope de peaje será de $9.247.
Según los cálculos realizados por el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca; cuando se haga cargo la nueva concesionaria del tramo Oriental, un automóvil particular deberá abonar para ir de Paso de los Libres a Campana una suma total en peajes de $14.800. Con la inclusión del trayecto de vuelta, el gasto en peajes de ese viaje redondo se elevará a $ 29.600.
En tanto, para los camiones el gasto en peajes de ida y vuelta en ese mismo trayecto se elevará a $118.400 si el vehículo tiene entre cuatro y seis ejes y a $148.000 si posee más de seis ejes.
El esquema de concesiones viales que armó la gestión mileísta prevé incrementar en un 135% la cantidad de estaciones de peajes. A las 40 cabinas que existen actualmente en la red de rutas concesionadas se agregarán 54 nuevas, con lo cual se deberá pagar peaje cada 97 kilómetro de recorrido.
Para los 8.800 kilómetros de las etapas II y III que el Gobierno prevé sacar a licitación en los próximos 60 días, los números preliminares de Vialidad indican que el peaje promedio estaría en torno de $2.200 por cada 100 kilómetros, un valor que a juicio de las constructoras no alcanzaría para reparar y mantener las rutas en juego.
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