La paritaria firmada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el pasado 4 de junio con la mayoría de las cámaras empresarias del sector sigue sin homologación por parte del Gobierno. Aunque ya se cumplió el plazo de homologación automática, la Secretaría de Trabajo aún no convalidó el acuerdo, lo que provocó una movilización del gremio y acusaciones cruzadas entre dirigentes sindicales, empresarios y funcionarios nacionales.
Durante la protesta realizada el 23 de julio, el titular de la UOM, Abel Furlán, responsabilizó a una “cámara minoritaria” —en alusión a Camima— por frenar la homologación, y vinculó esa maniobra con el Grupo Techint y la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero. “Hay connivencia entre sectores del empresariado y funcionarios del Gobierno”, sostuvo Furlán, quien también advirtió que esta disputa se inscribe en un entramado de intereses que apuntan incluso a influir en la futura conducción de la CGT.
Desde Camima (Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina) rechazaron las acusaciones y afirmaron no haber objetado ni impugnado el acuerdo formalmente. Explicaron que simplemente decidieron no suscribirlo y respondieron en tiempo y forma a una solicitud de la Secretaría de Trabajo el 16 de julio. Además, negaron cualquier vínculo con Techint o con el Ejecutivo, destacando su carácter independiente y apartidario.
Camima también respondió a las críticas sobre su representatividad: “Representamos a la mayoría de las pymes metalúrgicas del país, unas 22.000 empresas”, señalaron. Advirtieron que las pequeñas y medianas firmas no podrían afrontar los aumentos pactados sin comprometer su viabilidad y el empleo. Si bien expresaron estar a favor de mejoras salariales, insistieron en que deben ser sostenibles, acompañadas de mayor productividad, menor litigiosidad y menor carga impositiva.
Entre sus máximas autoridades, la Camima cuenta con José Luis Ammaturo, ex candidato a intendente de Quilmes en 2023 por La Libertad Avanza.
Desde la UOM, en cambio, aseguran que la demora afecta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y remarcan que la Secretaría de Trabajo tiene la obligación legal de homologar lo ya pactado con otras cámaras como Adimra, Afarte, AFAC, Fedehogar y Caima. El conflicto dejó en evidencia no solo la tensión entre el sindicato y el Gobierno, sino también las diferencias internas entre las propias cámaras empresarias. La disputa continúa abierta, y todo indica que se mantendrá en el centro del escenario político-sindical durante las próximas semanas.
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