Desde la Secretaria Legal y Técnica del Municipio explicaron que esta demanda representa una pérdida patrimonial importante, dado que deberá devolver el predio al Estado Provincial, además que no se pudieron completar las obras de refacción.
Indicaron que durante la gestión municipal anterior, la Secretaría de Planificación Territorial y Ambiental que encabezaba el ahora concejal Guillermo Monzón, no previó las anomalías en el llamado a licitación, previstas en la ley de donación del predio.
De todas formas, se adjudicó la obra a la empresa elegida y se labró un acta sin formalizarse el traspaso de la Provincia al Municipio.
Esta contratación contaba con un presupuesto de $ 580 millones, de los cuales se abonaron $ 385 millones; fue adjudicada a fines de 2022 con fondos del Fideicomiso de Obras de Infraestructura. Esto se hizo sin tener en cuenta que el mismo se había extinguido un año antes, lo que en principio sería invalidado.
En consecuencia, todas las facturas emitidas en la licitación se hicieron con un fidecomiso extinto, además de las transferencias de la Subsecretaría de Finanzas anterior, y aceptadas por la, entonces, gerencia de la Caja Municipal, sin órdenes de pago ni un trámite administrativo correcto.