Según está previsto, el 24 de octubre próximo se realizará una nueva inspección ocular en el lugar de los hechos; luego será el turno de los alegatos y con posterioridad, la sentencia.
Así, las partes estiman que durante el mes de noviembre se sabrá si la Justicia condena o no a los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que fueron imputados por el homicidio.
Ayer declararon ocho miembros de la PNA, quienes no aportaron mayores novedades a la causa.
En todos los casos dijeron no haber escuchado detonaciones ni disparos y alegaron haber estado lejos del lugar de los hechos, que ocurrieron el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, a 40 kilómetros de Bariloche.
Los prefectos dijeron que ese día se encontraban lejos del lugar de los hechos y que sólo se acercaron al lugar a partir de lo que escucharon a través de las modulaciones del handy o cuando recibieron pedidos de apoyo de sus compañeros de armas.
Rafael Nahuel fue asesinado por miembros del grupo Albatros de la Prefectura durante un operativo realizado en Villa Mascardi en el que se efectuaron más de 130 disparos con munición letal por parte de los uniformados.
Por el crimen fue procesado el cabo 1° Sergio Cavia bajo la figura de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”, mientras que otros cuatro miembros del grupo Albatros lo están en condición de “partícipes necesarios”.
Las audiencias del juicio oral comenzaron el 15 de agosto y en las 17 jornadas transcurridas desde entonces declararon jóvenes mapuches en condición de testigos presenciales; también dieron su testimonio médicos y peritos balísticos.
Entre los testigos hubo además tres miembros de la Prefectura, Miguel Ángel Aguirre, Daihana Alejandra Retamales y Daniel Mario Gómez, que no participaron de manera directa en el grupo que subió al cerro y persiguió a los mapuches.
En el caso de los acusados, los cuatro prefectos ampliaron su declaración indagatoria durante la realización del juicio.
Ayer, el TOF de General Roca escuchó a los prefectos Ángel Medina, Nicolás Ramírez, Axel Noguera, Iván Caballero, Osvaldo Villalba, Saúl Encina, Horacio Alberto Cornejo y Hugo Duarte.
En la práctica, los testimonios no sirvieron a las querellas, que intentan demostrar que el 25 de noviembre de 2017 existió “una cacería” por parte de los Albatros, tal como describió el abogado de la familia de Nahuel, Rubén Marigo.
Los dichos de los ocho miembros de Prefectura tampoco ayudaron a las defensas de los uniformados, quienes, por el contrario, aseguran que ese día existió un “enfrentamiento a mano armada” que justificó el accionar “defensivo” de los acusados.
De los ocho testigos sólo Villalba aseguró que los Albatros que subieron a la montaña le “comentaron” que los mapuches habrían disparado con “armas tumberas”.
Para el abogado Marigo, “quedó claro que no existió un enfrentamiento” y rechazó la “intención del fiscal en insistir en ese punto”.
Cuando finalice la audiencia de hoy ya habrán sido 63 los testigos que aportaron datos ante el Tribunal.
El próximo 24 de octubre se realizará una inspección ocular que intentará develar el lugar exacto en el que Nahuel recibió un disparo por la espalda.
Para las querellas, la diligencia es clave porque podría demostrar que existió una persecución más allá de los límites del lote en disputa entre la comunidad Lafken Winkul Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Télam