El Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza dictó el procesamiento con prisión preventiva de diez personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Entre los procesados hay dos reclusos quienes, de acuerdo a la investigación, dirigían desde la cárcel una red dedicada al tráfico de drogas y de armas de fuego y municiones, y por el delito de encubrimiento.
La resolución, dictada el 6 de junio pasado por el juez subrogante Marcelo Garnica, es la primera que aplica en esa provincia la figura de la organización criminal prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786, conocida como “Ley Antimafia”. Garnica fundamentó ese encuadre “en la complejidad de la estructura criminal investigada, lo que permite sancionar con mayor severidad a quienes integran organizaciones criminales dedicadas a la comisión de delitos especialmente graves como los del caso”.
La investigación se había iniciado un año antes, el 5 de junio de 2024, a partir de una denuncia anónima radicada ante la actual Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz. En la pesquisa se reveló la existencia de una organización criminal que llevaba a cabo maniobras de comercialización de estupefacientes dentro y fuera de la cárcel, venta de armas y la tenencia de “vehículos mellizos”, liderada por dos reclusos de aquel complejo.
El Ministerio Público Fiscal coordinó junto a la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de la Gendarmería Nacional una serie de medidas investigativas, tales como intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles y tareas de vigilancia, que permitieron individualizar a los miembros de la organización criminal, a los vehículos en los que se trasladaban y a un domicilio ubicado en el piedemonte mendocino, identificado como “Finca La Abuela”, que era utilizado como lugar de acopio y distribución de drogas y armas.
Una segunda denuncia anónima recibida en la Unidad Fiscal indicó que las sustancias ilícitas eran introducidas al penal durante las visitas por mujeres embarazadas y niños, quienes no eran sometidos al escáner de seguridad, y se mencionó a reclusos involucrados en la maniobra, quienes ocultarían la droga en sus cuerpos. Se aludió también a la presunta colaboración de un agente penitenciario, quien habría ingresado cocaína en cantidades de diez gramos, y de otro agente que habría facilitado el ingreso de teléfonos celulares cuando no estaba operativo el escáner de seguridad, cuyas participaciones todavía no han sido probadas.
Alcaraz solicitó 21 allanamientos, que se realizaron entre el 14 y el 22 de marzo de 2025 en distintos puntos de la provincia con intervención de fuerzas federales y provinciales, en los que se detuvo a las diez personas imputadas de integrar la organización y se secuestraron seis armas de fuego de distintos calibres, dos réplicas de escopeta y subfusil, más de 500 municiones de distinto tipo y calibre, seis balanzas de precisión, 498 gramos de cocaína y 647 gramos de marihuana distribuidos en flores, 14 plantas en distintos estados de desarrollo, semillas de marihuana y troqueles de LSD. También se secuestraron tres automóviles, dos motocicletas, más de 90 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
De acuerdo con el análisis de la información obtenida en las tareas de inteligencia criminal, los informes producidos por la Gendarmería Nacional y el resultado de los allanamientos practicados, la asociación ilícita investigada habría recurrido sistemáticamente a maniobras orientadas al ocultamiento y aprovechamiento de bienes de presunto origen ilícito, particularmente mediante la utilización de vehículos con irregularidades dominiales, técnicas o de procedencia dudosa.
El procesamiento
El juez Garnica hizo lugar al pedido de Alcaraz de enmarcar el procesamiento de los diez imputados por el delito de asociación ilícita previsto en el nuevo artículo 210 ter del Código Penal, porque consideró que sus integrantes forman parte de una estructura ilícita destinada a la comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes, agravado por la intervención de personas menores de edad, por la intervención de tres o más personas, y por haber ocurrido en el interior de un centro de detención; tráfico de armas de fuego y municiones; y encubrimiento agravado.
“Estas conductas presentan un claro diseño delictivo estructurado y sostenido en el tiempo, tanto dentro como fuera del Complejo Penitenciario Federal de Mendoza, y responden a una lógica de coordinación funcional entre sus integrantes”, señaló el juez.
Garnica hizo lugar al pedido del fiscal respecto a la incorporación de los líderes de la organización en el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, previsto por la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que -de acuerdo con su reglamentación- “implica condiciones de alojamiento donde la supervisión y el control se intensifican”.
Además de las prisiones preventivas, el juez subrogante dispuso trabar un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir la suma de cuatro $4.680.000 respecto de cada uno de ellos y estableció que en el caso de que no ofrecieran bienes para embargar se dispondría la inhibición general de sus bienes en el término de tres días de notificada la resolución.
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