Por unanimidad, con 56 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad, superando ampliamente los dos tercios de los votos, durante una sesión que acompañada desde las calles por familiares, oenegés y profesionales que desde hace meses venían visibilizando la crisis que atraviesan.
Este viernes, en los estudios de CIUDAD TV, Erika Nasir, madre de un joven con discapacidad, y Fernando Guirado, referente de CIAT NEA, explicaron los alcances de la normativa aprobada y dieron a conocer la realidad y las dificultades que atraviesan a este colectivo.
Erika Nasir: “Para nosotros es sumamente necesaria esta ley”
Erika Nasir explicó que la ley tiene como objetivo actualizar el “nomenclador”, que es crucial para que las personas con discapacidad accedan a los servicios y apoyos necesarios. “No se vive solo, como una persona normal. Mi hijo, José Ignacio, va todas las mañanas a una institución y a la tarde a kinesiología. es casi imposible que yo lo pueda llevar a todas las terapias”.
Mencionó la dificultad de costear y coordinar múltiples terapias y a su vez, la realidad que atraviesan los terapistas, los transportistas, los cuidadores por la baja remuneración que perciben y luego de 180 días de brindado el servicio.
Las últimas actualizaciones tarifarias para todos estos profesionales fueron en 2023. Y con la nueva ley de emergencia se debería actualizar de acuerdo a la inflación.
Erika expresó preocupación por la actitud adoptada por el presidente Javier Milei. “Es muy doloroso como familias de personas con discapacidad. Nosotros tenemos un contexto y una vida diferente a todos los demás”, sostuvo.
Mencionó, por ejemplo, las dificultades en la obtención de medicamentos y servicios de las obras sociales, que muchas veces pueden prolongarse hasta por tres o cuatro meses. Se espera que la ley de emergencia acorte también estos tiempos de espera.
“Para nosotros es sumamente necesaria esta ley porque sin un Estado presente nos va a costar mucho sostener”, afirmó y señaló que no existen instituciones estatales adecuadas que brinden servicios integrales como escolarización, kinesiología y terapia ocupacional.
Existe además en el colectivo mucho temor de que el Presidente pueda vetar la ley, ya que retrasaría aún más su implementación.
Explicó que las familias enfrentan extensos procesos burocráticos que a menudo retrasan o deniegan tratamientos y equipos necesarios.
Erika instó a los legisladores, “a las personas que hoy tiene la responsabilidad, a mostrar sensibilidad social; esto no es una cuestión partidaria, de ideología, de gente de bien o de mal, son personas”, afirmó.
Fernando Guirado: “En la región del NEA, el sector es muy vulnerable y empobrecido”
Por su parte, Fernando Guirado celebró la sanción de la iniciativa y expresó que “siempre hay alegría y esperanza en situaciones complejas”.
“La discapacidad es un mundo complejo que afecta no solo a la persona, sino también a su familia”, sostuvo y aseguró que el Estado está comprometido y obligado a eliminar las trabas y barreras en la sociedad”.
Habló no solo de las complicaciones para obtener el certificado de discapacidad sino que una vez obtenidos también se dificulta acceder a prestaciones de educación y salud integral, lo que dificulta aún más la vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Enfatizó que la discapacidad es una cuestión social y humanitaria, no partidaria ni ideológica. “La realidad de vivir con discapacidad día a día supera cualquier relato o discurso político”, sostuvo.
Aseguró que en la región del NEA, el sector de personas con discapacidad “es muy vulnerable y empobrecido”. “Muchas veces se la oculta a la persona, no tiene acceso a condiciones mínimas. El Estado, las instituciones o las familias con mucho esfuerzo intentan llevar adelante esta realidad”, afirmo.
Apeló a dejar de lado las ideologías partidarias y abordar esta realidad con mayor madurez social.
Consultado por la situación de los prestadores, Guirado indicó que en el NEA hay hasta incluso un año de atraso en los pagos. Sumado a eso, tampoco hubieron aumentos. “Es asfixiantes para las instituciones, que no pueden pagar sueldos, los aguinaldos ni cumplir con sus obligaciones”. “Están en una crisis terminal, lo que ha perjudicado notoriamente la calidad de las prestaciones”, afirmó.
Explicó que la atención a la discapacidad requiere un trato casi personalizado, por lo que hay una gran cantidad de profesionales. Si hay 4.000 o 4.500 personas con discapacidad en la provincia, se necesitan aproximadamente 2000 trabajadores (profesionales, docentes, transportistas).
Señaló que en la actualidad, muchas personas con certificado de discapacidad no pueden acceder a las prestaciones porque no son autorizadas, lo que las obliga a judicializar la situación mediante amparos. Y esto se suma a las barreras sociales, a la falta de interacción personal “porque todo es online y no contestan, y la falta de acceso a internet o correo electrónico en el interior de la provincia, agrava esta situación de vulnerabilidad”.
Advirtió que si los institutos no reciben los pagos en tiempo y forma, “se genera un callejón sin salida y tienden a desaparecer”-
Hizo un llamado a entender este debate como algo positivo y a generar un mecanismo para resolver los problemas, dialogando entre todos los sectores de la sociedad. “Esta es una cuestión social y humanitaria, y Argentina es pionera en el compromiso constitucional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implica una obligación del Estado de sostener, garantizar y defender estas prestaciones”.
Advirtió que si la situación actual persiste, “yo no llego a un año y muchas instituciones no llegarán a un año, y podría generarse una interrupción indefinida de las prestaciones laborales, educativas y de salud. La situación es muy compleja”, manifestó.