Los Peritos Contables de la Corte Suprema determinaron que el monto final que deberán devolver a Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad alcanza a los $ 684.990.350.139,86 lo que equivale a unos 537 millones de dólares. La cifra inicial era 86.085.463.548,25 pesos, determinada como el perjuicio ocasionado por la maniobra de corrupción.
Además de la exvicepresidenta, también deberán hacer frente a esta cifra José López (ex Secretario de Obras Públicas de la Nación); el empresario Lázaro Báez; Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad); Mauricio Collareda (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad); Raúl Daruich (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Juan Carlos Villafañe (Ex titular de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz); Raúl Pavesi (Ex titular de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz); José Santibañez (Ex titular de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz).
La expresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en diciembre de 2022 y confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2023 y ratificada por la Corte Suprema de Justifcia de la Nación.
En la causa, iniciada en 2016, se investigó si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 -durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Los condenados deberán enfrentar el decomiso y la ejecución de bienes embargados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), en el marco de la maniobra de fraude con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En el caso de Cristina Kirchner, cuando el juez Julián Ercolini la procesó en la causa Vialidad en 2016, le trabó un embargo por $10.000 millones. En aquel entonces, se estimaba que el perjuicio al Estado por las 51 licitaciones viales adjudicadas al Grupo Austral era de $46.000 millones.
La cifra base que la maniobra de corrupción le ocasionó al Estado era 86.085.463.548,25 pesos, que ahora se actualizó en $ 684.990.350.139,86.
La última declaración jurada de CFK ante la Oficina Anticorrupción registró un patrimonio de $250 millones, sin propiedades a su nombre, ya que en 2016 transfirió sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Solo conserva el usufructo de las residencias en Río Gallegos, El Calafate y el departamento de Recoleta.
La sentencia firme incluye también multas y decomisos como penas accesorias. Según el Código Penal, primero se deberá intimar a los condenados al pago voluntario. Si no cumplen, la Justicia podrá ejecutar bienes embargados o cualquier ingreso que puedan tener. Solo si se agotan todas las instancias, se podrá convertir la deuda en días de prisión.
El artículo 23 del Código Penal habilita el decomiso como mecanismo de reparación del daño. Así, el fallo que ordena recuperar los $ 684.990.350.139,86 deberá traducirse en legajos individuales con bienes y activos embargables.
A la condena penal se suma una demanda civil que inició la gestión de Mauricio Macri en 2016 por daños y perjuicios al Estado. Allí se reclaman $22.300 millones a Cristina Kirchner y los demás condenados de forma solidaria. El cálculo surgió al constatar que el 50% de las rutas adjudicadas al Grupo Austral fueron abandonadas tras recibir pagos con sobreprecios.
Perfil