La sentencia, emitida por mayoría, también revocó una resolución de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Contencioso Administrativo y Electoral, que anteriormente había convalidado el decreto. Al dejar sin efecto ese pronunciamiento, el Tribunal restituyó la validez del fallo de primera instancia y cerró la vía judicial en ese aspecto.
Además de declarar la inconstitucionalidad, el Superior Tribunal rechazó la admisibilidad del recurso de nulidad extraordinario que había sido presentado y consideró inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario por inaplicabilidad de ley.
Alcances y efectos de la Resolución
La disposición alcanzada por el fallo formaba parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo provincial que había sido objetada por diversos sectores del arco político y jurídico local. El artículo impugnado, contenido en el apartado b) del decreto, había sido implementado en el marco de una serie de reformas administrativas que ahora quedan parcialmente anuladas.
La resolución judicial establece que el artículo en cuestión vulnera principios constitucionales básicos, lo que derivó en su exclusión formal del ordenamiento normativo vigente. En consecuencia, el decreto queda sin efecto en lo referido al punto objetado, y pierde validez legal en su aplicación práctica.
El fallo se inscribe en un proceso de revisión institucional que ha ganado intensidad en los últimos meses, en medio de un clima de debate sobre los alcances de la reglamentación ejecutiva y la necesidad de ajustarse al marco normativo constitucional.
Implicancias para la gestión provincial
El impacto del fallo trasciende el ámbito jurídico y genera efectos inmediatos en la administración pública provincial. La declaración de nulidad obliga al Ejecutivo a reformular la aplicación de medidas previstas en el decreto, así como a adecuar su contenido a las pautas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia.
Además, la imposición de costas al vencido – según lo establece el principio objetivo de la derrota – refuerza el criterio de que la posición del Poder Ejecutivo no tuvo sustento legal suficiente. Este punto sienta un precedente relevante para eventuales litigios sobre normativa de similar tenor.
La resolución del máximo órgano judicial de Corrientes marca un límite claro respecto a la validez constitucional de los decretos administrativos y consolida el rol del control judicial como mecanismo de garantía institucional. Con este fallo, se ratifica el principio de supremacía constitucional en la elaboración de normas por parte del Poder Ejecutivo provincial.
Momarandu