El Senado se apresta a tener este jueves la que para este Gobierno será la sesión más adversa que haya tenido hasta el momento, en la que la oposición podría aprobar cinco proyectos que tendrían destino de veto presidencial, habida cuenta de que para el oficialismo atentan contra el orden fiscal.
De hecho, tres de esos proyectos ya vienen con media sanción de Diputados, por lo que podrían convertirse en ley durante esta sesión. Una jornada que el propio presidente de la Nación se encargó de calentar, pues viene precedida por conceptos muy duros expresados por el mismo contra los gobernadores.
“Están desbocados”, lanzó Javier Milei este 9 de julio durante una entrevista radial, y fue más lejos al acusarlos de querer “destruir al Gobierno nacional”, objetivo que les atribuyó a todos los gobernadores. Una acusación que cayó muy mal en aquellos mandatarios que hasta ahora apoyaron al Gobierno en prácticamente todas las medidas que impulsó desde la Ley Bases.
La sesión comenzaría a las 14, que es la hora y el día previstos para sesionar, además de los miércoles, que los senadores votaron en marzo último en una sesión preparatoria. Es que, por primera vez en su historia, la Cámara alta podría sesionar sin que medie una convocatoria oficial de algunas de sus autoridades.
El de no convocar de manera oficial a sesión fue el camino que decidió tomar Victoria Villarruel para evitar la señal de debilidad política de quedar cediendo a la presión de la oposición para que abra el recinto. No obstante, y tras palpar el clima de rebelión contra la Casa Rosada que atraviesa a varios bloques de la Cámara alta, la vicepresidenta comunicó que presidirá la sesión si, como se espera, hay quórum para habilitar el debate.
La reunión tiene garantizado el inicio desde el mismo momento que una alianza circunstancial del peronismo con algunos senadores de la UCR y del Pro alcanzarían para superar los 37 senadores sentados que se requieren para abrir un debate.
Este grupo es el que apoya el proyecto de recomposición de las jubilaciones en un 7,2% y la mejora del bono para el haber mínimo a $110.000 y la declaración de emergencia en materia de los servicios públicos para la atención de las personas con discapacidad. Ambas iniciativas tendrían asegurada su sanción, ya que cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 5 de junio último.
Diferente es el caso de la moratoria previsional. Este tema sólo cuenta con el respaldo del justicialismo, por lo que no contaría con el número para convertirse en ley. La mayoría de los senadores de la oposición dialoguista que considera que la medida sólo tuvo fines electoralistas, la impulso el kirchnerismo en 2023 para apoyar la candidatura de Sergio Massa, y es una de las causas del desbarajuste que sufre el sistema previsional sumando jubilados sin aportes. En el mejor de los casos, la iniciativa sufriría modificaciones que la obligarán a volver en segunda revisión a Diputados.
Sin embargo, antes de su debate los tres proyectos tendrán que superar una dura discusión reglamentaria acerca de si, como sostienen algunos opositores que impulsaron la jugada, las iniciativas tienen el dictamen correspondiente que habilita su debate sin necesidad de reunir una mayoría especial.
Para la Presidencia del Senado y su secretaría Parlamentara, al no haber sido tratados en plenario, es decir con las comisiones reunidas en conjunto, y con una convocatoria en regla, los proyectos no tienen despacho de comisión y, por lo tanto, se requerirá el voto de los dos tercios de los presentes para poder habilitar su debate,
Rebelión provincial
Los proyectos que sí o sí requerirán de la habilitación de su debate sobre tablas son los impulsados por los gobernadores provinciales, quienes en una reunión celebrada en el Conejo Federal de Inversiones (CFI) la semana pasada decidieron decirle basta al Gobierno y avanzar con dos proyectos de ley que obliguen a la Casa Rosada a repartir una masa de recursos que los mandatarios consideran que les corresponde a sus distritos.
Las iniciativas disuelven varios fondos fiduciarios, cuyos recursos el Gobierno no usa para los fines que fueron creados, y establecen mecanismos de reparto con las provincias acorde con la coparticipación federal de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que la Casa Rosada tampoco distribuye, y de una parte importante de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles.
Sin embargo, el voto de los dos tercios no será problema. Es que el compromiso fue firmado por 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, lo que garantiza un amplio respaldo a favor de las iniciativas. Radicales, kirchneristas, provinciales y hasta el Pro se alinearían detrás de ambos proyectos.
Así, por primera vez desde que asumió el gobierno, Milei lograría unificar a toda la oposición detrás de una acción legislativa, borrando la línea entre la oposición cerrada del kirchnerismo y los dialoguistas de la UCR y el Pro y otras fuerzas que gobiernan en sus distritos.
El dato no es menor, ya que tanto apoyo garantizaría la insistencia de ambas Cámaras legislativas en caso de que el Presidente vete las eventuales leyes. No obstante, el trámite de las iniciativas en el Congreso recién empieza, por lo que la Casa Rosada tendrá la instancia de Diputados para tratar de negociar y evitar una nueva derrota parlamentaria, algo que amenaza convertirse en una costumbre para la administración libertaria.
La Nación/Parlamentario