Por primera vez desde que presentó su denuncia por escrito, la diputada nacional Lourdes Arrieta asistió este martes de forma presencial a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Durante poco más de dos horas, en una reunión a puertas cerradas celebrada en el sexto piso del Anexo del Senado, la legisladora mendocina ratificó punto por punto su acusación contra el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; su hijo Lautaro; el empresario argentino radicado en Miami Leonardo Scatturice, y el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien señala como figura clave detrás de lo que considera una red paralela de poder montada desde los márgenes del Estado.
“Fue una reunión anodina”, resumió a elDiarioAR una fuente del entorno de uno de los legisladores que participó del encuentro. “Arrieta ratificó todo, le cuestionaron algunas cosas a partir de una respuesta que mandó Neiffert”, agregó. Desde el entorno de la diputada, por el contrario, celebraron haber entregado “un montón” de documentación respaldatoria. “Lo más sólido de todo es lo de Tactic”, se escuchó incluso entre algunos opositores. Fue el PRO, sin embargo, el que asumió el rol más crítico: “La corrieron lindo”, dijo uno de los presentes sobre el tono inquisitivo de los legisladores amarillos, que operan en defensa del oficialismo ya que La Libertad Avanza cuenta solo con Gabriel Bornoroni como representante dentro de la comisión.
Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza y hoy parte del monobloque Transformación, sostiene que la SIDE está operando por fuera de los canales institucionales, con fondos reservados destinados a actividades diplomáticas y logísticas que deberían estar bajo control del Congreso. En su denuncia, presentada el 18 de junio, apuntó a un conjunto de relaciones y operaciones que tienen su anclaje en tres puntos concretos: el edificio de 25 de Mayo 11, sede de la SIDE; el círculo íntimo de asesores de Javier Milei; y la ciudad de Miami, donde se consolidó un polo de influencia del oficialismo con ramificaciones políticas, comerciales y de inteligencia.
Uno de los ejes más contundentes de su presentación fue la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC, dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida, como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. Según consta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, la SIDE le paga US$10.000 mensuales para realizar tareas de lobby diplomático que, en circunstancias normales, serían competencia de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado en abril, sin licitación ni publicación oficial. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, denunció Arrieta.
La diputada pidió identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y describió a Tactic como parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria con terminales en el trumpismo. Ambas entidades, sostiene, funcionarían como pantallas legales para canalizar recursos, gestiones y alianzas políticas por fuera del control del Estado.
Scatturice —nuevo dueño de Flybondi a través del fondo COC Global Enterprise— no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios. Fue en Miami donde, en enero, recibió al propio Caputo, a su hermano Francisco y al dirigente Manuel Vidal, en una gira que terminó en la asunción de Donald Trump. Según Arrieta, esa ciudad funciona como una suerte de embajada paralela del oficialismo libertario, donde se negocian nombramientos, financiamiento y relaciones internacionales en el más absoluto hermetismo.
Otro capítulo de la presentación estuvo dedicado al avión privado matrícula N18RU, vinculado a Scatturice, que aterrizó en Aeroparque a fines de febrero con una decena de valijas que no pasaron por controles aduaneros. Las imágenes del desembarco, difundidas esta semana por el canal TN, contradicen la versión oficial, que afirmaba que las valijas ni siquiera habían ingresado al país. Según el parte de vuelo, solo se declararon cinco, aunque el material audiovisual muestra al menos diez. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —la fiscalía especializada en corrupción— ya abrió una investigación y solicitó información a PSA, Migraciones, Aduana y ANAC.
La Triple Frontera, en la mira
Para Arrieta, ese episodio no es anecdótico: es la postal concreta de una estructura que combina blindaje institucional, privilegios logísticos y negocios opacos. Y que, además, tiene ramificaciones internacionales. Un ejemplo: el rol de Ignacio “Nacho” Jiménez, actual jefe de la delegación de inteligencia en la Triple Frontera y número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), uno de los organismos en que se reestructuró la SIDE. Según Arrieta, Jiménez organizó reuniones fuera de agenda con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —de su propiedad— que funciona como base informal del oficialismo en Parque Patricios. En el mundillo del espionaje, Jiménez es vinculado a Antonio “Jaime” Stiuso a través del abogado Lucas Nejamkis.
Desde Paraguay, el ministro del Interior Enrique Riera admitió los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido intercambio de dinero. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo la diputada en una entrevista con el medio ABC. A eso se suma una novedad geopolítica de las últimas horas: el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, confirmó públicamente que su país, junto a los gobierno de Brasil y Argentina, ultiman los detalles para instalar en diciembre una oficina antiterrorista conjunta en la ciudad de Puerto Iguazú. La iniciativa, liderada por el propio Riera y difundida por los medios del país vecino, contaría con participación militar y tendría como eje las tareas de inteligencia en la zona. El objetivo formal es “marcar presencia” frente a amenazas regionales.
Sin embargo, en paralelo a esa coordinación oficial, crece la versión de que un sector de la SIDE ya estaría montando una estructura paralela en la zona, financiada con fondos del FBI estadounidense. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes con acceso directo a los organismos de inteligencia, se trata de una red operativa propia, sin articulación con el comando tripartito formal. La operación sería llevada adelante por la ASN, que dirige Alejandro Cecati, y tendría como articulador local a Jiménez.
La Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Pero la práctica demuestra que sus investigaciones, muchas veces, terminan en la nada. Un antecedente reciente es el caso de Diego Kravetz, actual jefe de Operaciones de la SIDE, quien fue citado por la comisión en enero tras la difusión de un video en el que golpeaba a un joven detenido. Pese al escándalo, Kravetz fue confirmado en el cargo y quedó al frente de casi toda la estructura operativa del organismo.
Por eso, en los márgenes del encuentro de este martes, el escepticismo seguía flotando. Aunque el contenido de la reunión se mantiene bajo reserva, fuentes parlamentarias aseguran que no hubo mayores avances ni definiciones políticas. Arrieta, al menos, logró lo que se había propuesto: ratificar su acusación frente a los catorce miembros de la comisión, entregar documentación respaldatoria y poner en circulación, dentro del Congreso, una hipótesis de poder que hasta hace semanas se comentaba solo en voz baja. El resto, como casi siempre, dependerá de la voluntad política.
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