Tras una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 procesó a Jorge Omar Castillo -conocido públicamente como “el Rey de La Salada”- por asociación ilícita y lavado de activos agravado. Además, se le dictó la prisión preventiva y un embargo por 750 millones de pesos.
El procesamiento dictado por el juez federal Luis Armella alcanza también a los socios de Castillo, Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa, y a otras 22 personas por su rol de integrantes de la asociación ilícita y por resultar partícipes del lavado.
Como consecuencia de los allanamientos realizados, se incautaron más de 400 millones de pesos (concretamente, $413.322.072) y alrededor de 2.000.000 de dólares.
De acuerdo con investigación, se reveló la existencia de dos complejas asociaciones ilícitas que operaban en las principales ferias de La Salada. El complejo, ubicado en la localidad de Lomas de Zamora, está dividido en tres grandes ferias explotadas comercialmente por distintas empresas: Punta Mogote S.C.A., Urkupiña S.A. y Cooperativa Ocean de Provisión de Servicios para Feriantes y Comerciantes Ltda.
La investigación se centró principalmente en Punta Mogote S.C.A., dirigida desde 2007 por Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa, y Urkupiña S.A., administrada por Enrique Esteban Antequera, Edwin Saravia y Cesar Antequera, también desde 2007.
Al dictar los procesamientos, se otorgó a Presa y a César Francisco Antequera la detención domiciliaria por su edad y condición de salud, bajo estrictas normas de seguridad. Además de Castillo, permanecen en prisión otras 19 personas, mientras que 3 imputados (considerados partícipes secundarios) están en libertad, con prohibición de salida del país. En tanto, Enrique Antequera se fue de su domicilio horas antes de los allanamientos y, actualmente, tanto él como Edwin Saravia tienen un pedido de captura internacional.
La trama delictiva
El juez resaltó la investigación llevada adelante por la fiscalía, donde quedó evidenciado cómo Castillo y sus socios, a partir de la explotación comercial de los predios, “obtienen ganancias millonarias que mantienen en la informalidad”. Eso se habría logrado, principalmente, a través de la venta y alquiler de puestos y la oferta de diversos servicios para comerciantes y compradores.
“Estas ganancias han sido incorporadas a la economía formal mediante la adquisición de diversos bienes y servicios. La magnitud de estas sumas millonarias se evidencia claramente en su abultado patrimonio –muchos de sus bienes ocultados mediante testaferros–, en el dinero en efectivo recaudado y en el elevado nivel socioeconómico que ostentan”, resaltó el juez en relación a lo explicado por la fiscal.
“No obstante, considero que no solo se han detectado diversos hechos de lavado de activos cuya fuente inicial sería la evasión fiscal. La hipótesis en este caso abarca otro aspecto sustancial estrechamente ligado a la magnitud e historia de estas ferias comerciales: Castillo, Presa, Corrillo Torrez, Enrique Antequera, César Antequera y Edwin Saravia, son los principales organizadores e impulsores de estas empresas que generaron a lo largo de treinta años dos estructuras donde, de manera permanente, miles de personas cometen delitos diariamente. En otras palabras, lograron consolidar la informalidad y clandestinidad que caracterizan a ‘La Salada’ desde sus inicios, ofreciendo la impunidad necesaria para la comisión continua de diversas actividades ilícitas dentro y en los márgenes de la feria”, recalcó el magistrado al citar la investigación del MPF.
En ese sentido, se identificó como “el delito más notorio y ampliamente conocido” a la venta a gran escala de productos con marcas falsificadas o adulteradas (ley 22.362), “dada la magnitud de las ventas diarias, la gran cantidad de puesteros que ofrecen estos productos y la prolongada existencia de estas conductas”.
En la investigación dirigida por la fiscalía, con la participación de la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina, se aplicaron técnicas modernas de investigación penal para abordar la complejidad inherente a los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que hicieron posible alcanzar los objetivos de la pesquisa en un plazo considerablemente reducido en comparación con otras investigaciones complejas sobre este último delito.
La fiscalía informó que la figura del agente revelador, contemplada en la Ley Nº 27.319, fue crucial para detectar maniobras encubiertas dentro del circuito delictivo, junto con múltiples intervenciones telefónicas con autorización judicial, que proporcionaron evidencia directa sobre la operatoria de la organización.
Paralelamente, se procesó un gran volumen de información patrimonial en formato digital, con herramientas ágiles de gestión de datos. Esto permitió reconstruir los flujos económicos de manera rápida y precisa.
Evasión millonaria y ganancias ilícitas
De acuerdo a la resolución, se comprobó que en la mayoría de los puestos de venta de las ferias (alrededor de 1675 en Punta Mogote y 1909 en Urkupiña) se infringía la ley de marcas y que los organizadores eran “plenamente conscientes” de la actividad ilícita. Los puestos se alquilaban por día de trabajo, con costos que oscilaban entre 100 mil y 180 mil pesos.
Según la investigación, Punta Mogote evadió alrededor de 268 millones de pesos entre el Impuesto a las Ganancias (durante el período 2013-2016) y el Impuesto al Valor Agregado (de 2013 a 2017). Castillo, de forma particular, evadió 29.585.545,60 de pesos por los mismos impuestos en períodos similares.
En el expediente, se verificó además que las ganancias ilícitas obtenidas se legitimaban a través de la creación de diversas empresas y sociedades, así como también mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la inyección de dinero ilícito a través de construcciones.
Según se explicó, las organizaciones utilizaban “empresas fantasma” con domicilios ficticios o actividades declaradas diferentes a las reales para canalizar fondos de origen ilícito. En ese sentido, se recurría a la figura de “testaferros”: familiares y colaboradores eran parte de esa trama delictiva.
Mediante el análisis patrimonial de los investigados, la fiscalía pudo identificar que el “elevado nivel” de vida de los responsables de las asociaciones ilícitas no se correspondía con sus ingresos declarados ni con las actividades laborales legales que habían consignado.
En la investigación se llevaron a cabo 65 allanamientos. Se relevaron no solo 37 propiedades, sino también 132 vehículos (muchos de ellos de alta gama) y viajes al extranjero de alto costo, a destinos como Dubái y Maldivas. El MPF señaló que solo Castillo y su pareja poseían 18 inmuebles, 17 vehículos y una embarcación.
“Persiste la fuerte hipótesis de que a lo largo de la pesquisa, los organizadores de todo este proceso de lavado, han aplicado fondos injustificados a resultados de licitud fingida que generó indudablemente un crecimiento patrimonial injustificado a su respecto, sin desconocer que ello ocurrió en el marco de una presunta actividad comercial que arrojaba la feria conocida como ‘La Salada’”, remarcó el juez Armella en la resolución.
Plan de Regularización para la Reapertura de La Salada
El Ministerio Público Fiscal, en diálogo con trabajadores y organismos, optó por conformar una mesa de diálogo para generar una propuesta de reapertura ordenada de “La Salada” y evitar que se cometan delitos en el predio.
Las condiciones propuestas incluyen la intervención del Municipio de Lomas de Zamora, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), de los ministerios de Seguridad nacional y de la provincia, del Ministerio de la Producción bonaerense, para que cada uno desde su ámbito y competencia realicen los aportes respectivos para regularizar la situación de las empresas que administran la feria y los comerciantes que tienen sus comercios, muchos de ellos con ventas a gran escala y por mayor.
Además, se dispuso, la intervención de las administraciones de Urkupiña S.A. y Punta Mogote S.C.A. para regularizar la situación impositiva, laboral y social, con la designación de un síndico judicial o representante legal que reordene los predios y administre la actividad comercial.
Por otro lado, se instó a la bancarización de todo el sistema, para evitar el funcionamiento en efectivo, y a la regularización de todos los trabajadores y feriantes, para eliminar la informalidad. Además, se hizo foco en la correcta registración e identificación de cada puesto con sus dueños, locatarios, montos y tiempo de contrato.
Asimismo, se propició la profundización de la fiscalización comercial y control de seguridad e higiene, incluyendo requisitos edilicios, sanitarios, fiscalización bromatológica y presencia policial preventiva.
La fiscalía federal informó que se coordinaron operativos para desalentar la venta ilegal en la vía pública y asegurar que las ferias no excedan sus límites físicos autorizados. Explicó que todas las acciones se llevan a cabo en coordinación con el Juzgado Federal interviniente y las fuerzas de seguridad, para garantizar una reapertura ordenada y progresiva, acompañando a las familias en situación de vulnerabilidad.
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