Patricia Bullrich no deja de recibir buenas noticias desde el sistema de justicia. El juez federal Luis Armella decidió archivar la investigación sobre el rol que jugó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra de Seguridad, en la visita de los diputados oficialistas a Alfredo Astiz y otros represores mientras estaban presos en el penal de Ezeiza. Fue después de un pedido del fiscal Sergio Mola, quien sostuvo que no encontró ilícito alguno. Mola y Diego Luciani son los dos representantes del Ministerio Público que reclamaron que se le revoque la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner.
El 11 de julio pasado, seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) –Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci– fueron de visita al Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde estaban alojados Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González, entre otros.
El caso tomó trascendencia pública días después a partir de una publicación de La Política Online. Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 y juez responsable de la ejecución de la pena de los represores que actuaron en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), denunció el hecho ante la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene competencia sobre la cárcel de Ezeiza.
A los pocos días se sumó Arrieta. La diputada, que debió dejar el bloque de LLA, denunció que había sido manipulada para participar de la visita. Argumentó también que se sentía amenazada porque Astiz tenía detalles suyos: conocía su nombre y sabía que su padre había estado en la Guerra de Malvinas. También dijo que había recibido mensajes en tono intimidatorio por parte de Benedit y de funcionarios de la Cámara de Diputados que responden a Martín Menem.
Arrieta hizo su aporte para que se conociera una trama que va más allá de la visita –y de la foto de familia entre genocidas y diputados. Entregó en el juzgado federal a cargo de Ernesto Kreplak una serie de chats en los que participó. Entre otras cuestiones, los WhatsApp exhibían que:
El cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor condenado Jorge Olivera, funcionaba como aglutinador de quienes querían beneficiar a los presos por crímenes de lesa humanidad. Organizaba encuentros en una fundación que dirigía en la calle Montevideo y armaba los chats.
Había intercambios entre Olivera Ravasi, diputados, abogados defensores de represores y el exjuez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi.
Manejaban propuestas para que los represores accedieran a la prisión domiciliaria y se pusieran límites a las investigaciones que todavía están en trámite.
Pretendían accionar contra los jueces que promueven las pesquisas sobre crímenes de lesa humanidad. Para eso, buscaban canalizar sus inquietudes a través de la vicepresidenta del cuerpo, la jueza Agustina Díaz Cordero, que reconoció que conocía a Olivera Ravasi pero dijo estar comprometida con la búsqueda de verdad y justicia.
La decisión de Mola
El 21 de agosto del año pasado, Mola pidió desestimar la denuncia de Arrieta. El fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, convalidó su postura. Ambos entendían que se trataba de una maniobra para judicializar la política.
Mola, por su lado, ciñó la investigación a determinar si hubo irregularidades por parte del SPF a la hora de habilitar el cónclave entre diputados y represores: si se habían incumplido los reglamentos que regulan cómo debe ser la visita de legisladores a internos.
En los chats que había aportado Arrieta se podía leer que la visita contaba con el visto bueno de Bullrich y que el director del SPF, Fernando Martínez, era calificado como un excelente colaborador por Benedit, que suele frecuentar a los criminales de lesa humanidad presos.
Después de once meses de investigación, Mola entendió que no había elementos para continuar investigando a los subordinados de Bullrich.
“Lo concreto es que se trató de un grupo de representantes de uno de los poderes del Estado que, al presentarse en el Complejo Penitenciario Federal VII, expresaron que concurrían a verificar las condiciones de detención de personas allí alojadas. Que a una visita a detenidos por parte de representantes del Estado las autoridades del SPF lahayan considerado como una ‘recorrida’ no parece ilógico”, escribió Mola.
“Resulta atendible que a los visitantes no se le hayan realizado mayores procedimientos de control. En tal sentido, corresponde poner de resalto que en las incontables ‘recorridas’ que los operadores judiciales que nos desempeñamos en esta jurisdicción hemos realizado en los distintos establecimientos penitenciarios de nuestra competencia no fuimos requisados físicamente ni se nos han quitado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. ¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a las que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?”, añadió Mola.
La reacción de los querellantes
“Está diciendo que los integrantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo tienen coronita para entrar en las cárceles sin que los revisen y se les retengan los celulares”, interpreta Pablo Llonto, abogado querellante en la causa en representación de Carlos Pisoni y Virginia Franco, integrantes de la agrupación H.I.J.OS.
“En cambio, al resto del pueblo, sobre todo a la gente pobre, que la revisen. Una joda total. Siempre cuidan sus privilegios. Es el viva la pepa total de funcionarios que ganan fortunas y permiten que no haya controles en las cárceles”, añade Llonto.
Página/12