Allá por 2010 ya comenzaba a construirse el mito del potencial de Vaca Muerta, la roca subterránea donde se sabía que había petróleo y gas desde hace 80 años, pero que no se podía explotar porque no estaba desarrollar una técnica eficaz. No fue hasta que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó YPF en 2012 que hubo una petrolera que tomara la delantera en tomar el riesgo de invertir primero para desarrollar el recurso, cuando ninguna firma privada se atrevía.
Pero hasta la administración de Javier Milei, el mismo que en campaña abogada por la reprivatización de YPF, ahora no sólo la usa para repartir pauta entre medios y periodistas, al mayor nivel desde la reestatización, sino que también sigue siendo un referente en la fijación de precios internos de naftas y gasoil, por lo que colabora con la política de desinflación.
YPF, cuyo control quedó en jaque tras el fallo de este lunes de la jueza neoyorquina Loretta Preska, produce el 36% del petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que con Milei se desprendió de sus áreas en Santa Cruz y Chubut para concentrarse en la roca neuquina. Además, controla el 56% del mercado local de combustibles. Todo eso podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de EE UU, si los tribunales superiores estadounidenses ratifican a futuro las sentencias de Preska contra la nacionalización de YPF.
De los 261.000 barriles día que extrae, el 87% se destina a la plaza doméstica y el 13%, a la exportación. De los 37 millones de metros cúbicos producidos de gas, tan clave ahora con la ola de frío pero durante todo el año para cocinar, bañarse o la producción industrial, el 94% se consume internamente y el 6% se exporta.
Es decir, todavía se envía poco hidrocarburo al exterior, pero lo suficiente para revertir el déficit energético que sufría la Argentina hace tres años, que se equilibró en 2023 y se convirtió en superávit desde 2024 gracias a las menores importaciones y las mayores ventas al exterior de hidrocarburos de Vaca Muerta. La promesa del gas natural licuado (GNL), aquel que se exportará por barco, lleva a prever que un mayor porcentaje de la producción gasífera se destinará al exterior en dos años.
Más del 50% de la capacidad de refinación de petróleo de la Argentina está en manos de YPF, que opera tres plantas con una capacidad de 340.000 barriles día. Parte de esa producción se destina a sus 1.680 estaciones de servicio, que controlan el 31,9% del mercado interno. Además, la petrolera estatal (49% es privada y cotiza en bolsa) opera poliductos de 2.140 kilómetros que transportan crudo, de los cuales 1.800 también son inyectados con productos refinados.
YPF lidera en producción petroquímica. Sin incluir su productora de fertilizantes Profertil, su capacidad de producción se elevada a 1,7 millones de toneladas anuales. Sus productos principales son BTX (benceno, tolueno y xilenos mixtos), metanol y propileno, que se utilizan para tratamientos estéticos y médicos, para industrias como la indumentaria o la elaboración de combustibles.
La petrolera estatal también cuenta con otras empresas: Metrogas, la distribuidora del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); YPF Luz, de energía solar; Y-Tec, de desarrollo tecnológico; YPF Gas, de garrafas; Oiltanking, de almacenamiento;: Oldelval, de transporte de crudo; la química Mega y la firma norteña de refinación y estaciones de servicio Refinor, entre otras.
La petrolera estatal no sólo tiene activos: también pasivos ambientales. Por décadas de extracción de petróleo y gas convencionales ha dejado tierras contaminadas, como quedó en evidencia ahora que devolvió áreas a Santa Cruz. El fracking (fractura hidráulica), que se usa para la producción no convencional en Vaca Muerta, también recibe críticas por impactos desde sismos hasta derrames. Además, la industria petrolera es una de las que más contribuye al calentamiento global y la crisis climática. Y las instalaciones de combustibles también contribuyen a la polución, como sucede en la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
Los defensores de la estatización, entre los que se encuentran no sólo los peronistas sino también los radicales y otros sectores políticos, lo hacen con el argumento de que un país debe mantener su soberanía energética, es decir, disponer de al menos buena parte de su petróleo y su gas en un mundo donde ha habido hasta guerras por estos recursos; de que puede orientarse al desarrollo nacional, no sólo con la exportación de materia prima sino con la articulación con las industrias que necesitan de sus producción; y de que puede marcar tendencia en el inicio de desarrollos extractivos así como en los precios internos.
“Me parece que la ventaja de tener una YPF estatal o bajo control del Estado es que el portafolio de inversión de la compañía no compite con un portafolio a nivel global y eso es lo que hay que mantener”, opina el consultor Nicolás Arceo en la campaña electoral de 2023. Es decir, la petrolera estatal tiene foco en invertir locamente, mientras que las multinacionales e incluso las privadas argentinas pueden elegir si lo hacen acá o en el exterior, de acuerdo con las mayores oportunidades de ganancias que encuentren.
A diferencia de la antigua YPF estatal, donde se criticaba la ineficiencia y la politización, ahora con 49% bajo el escrutinio de los mercados ya no se la acusa de inoperante, más allá de que todos los gobiernos, y sobre todo este, la utilicen para financiar medios y periodistas -no los ensobrados de los que habla Milei-. Pero las ventajas de una petrolera nacional se perderían si la justicia de EE UU ratifica las sentencias de Preska.
El Diario Ar