El funcionario estaba a cargo de la Subadministración General y de la Dirección de Recursos Humanos del organismo, pero fungía de administrador, cargo que está vacante desde la salida de Claudio Cholakian. Vincent llegó a ser uno de los funcionarios más poderosos en el manejo del presupuesto y los recursos del Poder Judicial.
La decisión de removerlo fue tomada por la Comisión de Administración y Financiera, a cargo de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. También ordenó evaluar si corresponde hacer una denuncia penal.
Vincent dijo que su cesantía se debe a una decisión política: “Acá hay un motivo político para sacarme porque Rosatti [Horacio, el presidente de la Corte y el Consejo] y Robles [Silvio, secretario de Rosatti] me pidieron cosas que no correspondían y no quise cumplir”. Cuando La Nación le preguntó qué cosas le pidieron, él respondió: “No, eso no lo puedo decir”.
Según Vincent, el pago de subrogancias le había sido concedido por el Consejo en la gestión anterior y la diferencia en el porcentaje a aplicar por descuentos de jubilaciones es una cuestión de interpretación de la ley que debe discutirse con la Anses y no con el Consejo.
“Me dejaron sin trabajo después de 29 años”, se quejó el funcionario que dijo que “es una cuestión política”. “Molestaba mucho, evidentemente. Se quejan de que tenía una sumatoria de poder, pero fue el poder que me dio el Consejo”, dijo. Se quejó de que la acumulación de tareas lo hacía trabajar 11 horas diarias con llamadas de concejeros los fines de semana.
Vincent ingreso a los tribunales en 1996 como auxiliar y desembarcó en el Consejo de la Magistratura tras su creación. Escaló posiciones hasta quedar a cargo de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial y, en paralelo, de la Subadministración General del Consejo.
La decisión que puso fin a la carrera de Vincent fue votada por los integrantes de la Comisión de Administración Financiera y quedó plasmada en dos resoluciones que fueron notificadas a todos los consejeros.
A fin del año pasado, el Consejo ordenó investigarlo. Un cuerpo de auditores avanzó en febrero pasado, con declaraciones e informes, en seis expedientes que se abrieron en su contra por supuestos desmanejos. Para defenderse, Vincent nombró al abogado José Manuel Ubeira, que en algunos asuntos representa a la expresidenta Cristina Kirchner.
En uno de los sumarios quedó en la mira acusado de haber modificado el porcentaje de descuento jubilatorio a su favor.
Es que, como máxima autoridad de la Administración General, por la vacancia de su titular, y siendo Director de Recursos Humanos, el funcionario habría ordenado a sus inferiores modificar el descuento jubilatorio que históricamente se hacía sobre su sueldo.
Eso produjo un incremento extra de 6.932.807 de pesos en su salario final al mes de mayo de 2024. Lo hizo sin seguir procedimiento alguno, sin haberse excusado, sin contar con un dictamen jurídico que lo avalara y cuando aún estaba pendiente una respuesta que él mismo había generado.
Dispuso que, en lugar de descontársele el 18 por ciento en concepto de retención jubilatoria – como sucede con el sueldo de los funcionarios judiciales -, se le empezara a descontar el 11 por ciento y con tope.
Por ese hecho también fue investigado en su momento quien era el segundo de Vincent en la Dirección de Recursos Humanos.
Otra de las acusaciones en su contra tuvo que ver con haber permitido o facilitado que dos agentes judiciales pudieran eludir la cuota alimentaria que judicialmente les correspondía pagar. Según el sumario, les liquidó horas extras en recibidos distintos, sin que existiera una causa válida.
El Cuerpo de Auditores consideró que “el Dr. Federico Arturo Vincent, a cargo entonces de la Dirección General de Recursos Humanos, habría tenido un manejo arbitrario y discrecional de la oficina”.
Asimismo, le reprochó “tomar decisiones y dar instrucciones susceptibles de perjudicar a terceros, en el caso de los menores cuyo interés superior se encuentra constitucionalmente protegido, como así el interés del Consejo de la Magistratura, afectando su transparencia, contrario a los principios de ética pública”.
En la lista de sumarios también aparece el cobro indebido de un suplemento por subrogancia. Es que desde marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2022 Federico Vincent percibió sumas por subrogancia en carácter de Director General de Recursos Humanos, con un beneficio patrimonial directo, dado que representa el 33% más del sueldo.
A partir de esa fecha, percibió el mismo porcentaje, pero con el cargo de Secretario Letrado de la Corte Suprema, hasta fines de febrero de 2024.
En rigor, las subrogancias están previstas para jueces cuando ocupan un cargo que está vacante. Aquí, la acusación señala que no hubo disposición administrativa de la autoridad competente para habilitar la percepción de ese suplemento en favor de Vincent ni tampoco pasó a tener el cargo de secretario de Corte que justificara esa decisión en beneficio propio.
A Vincent también lo investigaron por arrogarse la representación judicial del Consejo de la Magistratura. Fue en el juicio de desalojo iniciado contra el Consejo de la Magistratura por tres juzgados federales de Morón.
El funcionario se presentó en el expediente y solicitó de “urgencia” una audiencia, sin contar con facultades para ello y, posteriormente, presentó “una propuesta económica” a la parte actora.
Después de la evaluación del Cuerpo de Auditores, la Comisión de Acusación dispuso “la sanción de cesantía al funcionario Federico Arturo Vincent” por las causales del pago de subrogancias y la liquidación de su sueldo.
“Notifíquese a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que analice las presentes actuaciones y, en caso de corresponder, informe en tiempo y forma las medidas judiciales y extrajudiciales que en derecho le correspondan iniciar a este Consejo de la Magistratura”, agregó la comisión.
La Nación